Como parte de las medidas para luchar contra el aumento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, el pleno del Congreso aprobó con 105 votos una modificación al Código Penal para tipificar los préstamos ‘gota a gota’ dentro del delito de extorsión. El pleno acordó exonerar la iniciativa legislativa de la segunda votación para que pueda acelerarse su implementación.
La iniciativa se centra en la modificación del artículo 200 del Código Penal, donde se especifica que aquellos que, mediante violencia o amenazas, obliguen a una persona o institución a otorgar una ventaja económica indebida, enfrentarán penas de prisión no menor de 15 años ni mayor a 25.
El texto legal también contempla sanciones para quienes, a través de amenazas, intimidación o engaño, induzcan a aceptar dinero o bienes bajo contratos simulados con el fin de obtener ventajas indebidas. Esta medida busca desarticular redes criminales que operan bajo la fachada de préstamos, pero que en realidad ejercen presión y violencia sobre sus víctimas.
La reciente norma aprobada se sustenta en 10 proyectos, uno de ellos el P.L. N° 5474, presentado por la congresista Patricia Juárez, que proponía la penalización de la usura extorsiva en los préstamos dando herramientas legales para que las autoridades de justicia puedan emitir una sanción drástica y ejemplar a quienes atentan contra los comerciantes y contra el público en general.
“A raíz de la creciente preocupación por este fenómeno, nos reunimos con altos mandos de la Policía Nacional y expertos en seguridad. Durante estos encuentros, se nos informó que, aunque las autoridades ya habían detectado el auge de este tipo de delitos, no existía un marco normativo adecuado para penalizar eficazmente la usura y la extorsión derivadas de estos préstamos informales”, indicó la legisladora.
Perseguir préstamos ‘gota a gota’ desarticularía redes criminales
Durante la exposición de la propuesta legislativa en el pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca, señaló que la norma “proporcionaría protección legal a la población vulnerable, como amas de casa, estudiantes y pequeños comerciantes, que suelen ser las principales víctimas de estos préstamos abusivos”.
“Establecer consecuencias legales disuadiría a otros prestamistas de utilizar tácticas extorsivas, contribuyendo así a prevenir delitos financieros y proteger los derechos económicos de los ciudadanos”, explicó el parlamentario.
El congresista de Perú Libre hizo hincapié en que perseguir a quienes se dedican a los préstamos ‘gota a gota’ podría ayudar a desarticular organizaciones criminales y a largo plazo, se podría reducir la incidencia de este tipo de delitos.
Finalmente, Mita señaló que la inclusión de este delito en el Código Penal “fortalecería el Estado de derecho al demostrar que el sistema legal está preparado para abordar nuevas formas de delincuencia y proteger los derechos de los ciudadanos”.
Préstamos
En Perú, la modalidad de préstamos ilegales conocida como ‘gota a gota’ ha capturado a un millón de familias, según reveló Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. En una entrevista a RPP, el funcionario informó que esta práctica ha inyectado 4 mil millones de soles en el mercado, superando incluso a algunas entidades financieras medianas y grandes bancos.
El fenómeno del ‘gota a gota’ ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años. Solo en lo que va del 2024, se reportaron 81 denuncias relacionadas con los préstamos ‘gota a gota’. Esta modalidad de extorsión se ha extendido por todo el país, con una presencia notable en Lima Norte, especialmente en distritos como San Martín de Porres y Carabayllo.
La situación es crítica en ciertas áreas donde la criminalidad ha tomado el control del mercado financiero. “Hay distritos que son zonas libradas”, afirmó, refiriéndose a áreas donde la actividad criminal tiene el control total.
Además, el funcionario advirtió que esta modalidad no solo afecta a las familias, sino que también está ganando terreno en la economía al controlar quiénes pueden trabajar en diferentes sectores. Este dominio se ejerce a través de los llamados ‘prestamistas’, quienes imponen condiciones a los prestatarios, limitando así sus opciones laborales y económicas.
La expansión del ‘gota a gota’ representa un desafío significativo para las autoridades y el sistema financiero formal, que deben encontrar formas efectivas de combatir esta práctica ilegal y proteger a las víctimas.
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