Geomallas valorizadas en S/ 7 millones para mitigar huaicos en zonas de Lima terminan almacenadas en una chanchería

El impacto de las lluvias en la zona de Lima Este, en particular en el distrito de Lurigancho-Chosica, requiere de especial atención y la instalación de elementos denominados geomallas; barreras de contención para evitar que los huaicos causen mayores daños a los ciudadanos que han construido sus viviendas en zonas de alto riesgo. Pese a que el Estado ha invertido 7 millones de soles en la compra del equipo necesario, este se encuentra almacenado en una chanchería y rodeado de basura.

De las 21 quebradas que se encuentran en las zonas de Chaclacayo y Chosica, solo nueve poseen geomallas dinámicas, según un informe de Punto Final. El resto posee diques improvisados que fueron creados para intentar frenar el avance de los huaicos.

Enrique Baffi, gerente de la empresa Pronte, que fue seleccionada por funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para encargarse de la adquisición de las mallas, y que iba a estar a cargo también de su instalación en diciembre del 2023, afirmó que los elementos que fueron importados desde Suiza no pueden ser utilizados.

Más de seis meses a la espera

La buena pro de la obra de infraestructura fue adjudicada a la empresa de Baffi en diciembre del 2023. Pese a ello, el gerente indicó que fue la ANA quien indicó que la adjudicación ‘no va’ incluso luego de haber adelantado el 10 % del monto total (7 millones de soles) y con un expediente técnico aprobado para la ejecución de los trabajos en las quebradas de Lima Este.

Según el contrato firmado por ambas partes, las mallas debieron de instalarse cinco meses luego de la adjudicación de la buena pro, en mayo de este año. Sin embargo, a noviembre del 2024, estas ni siquiera han salido del lugar donde se encuentran guardadas: un terreno en una chanchería.

La explicación ante esta falta de acción es que hubo una rotación de funcionarios. Esto se debió pues el entonces jefe de la ANA, Juan Carlos Castro, pasó a ser ministro del Ambiente, y aunque es una situación común en la administración pública, en esta oportunidad terminó afectando a las familias de la zona, que siguen reclamando por seguridad para sus casas.

ANA pide devolución de dinero

Según Edgar Zúñiga, abogado de la empresa Pronte, no hay explicación para la decisión de la ANA para anular el contrato firmado por ambas partes, pues “Si los expedientes técnicos fueron aprobados mediante acto administrativo, mediante una resolución directorial y nos pagaron, es porque todo estaba bien. ¿Cómo es que después dicen que hay errores?”