En busca de mejorar la lucha contra el crimen, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, propuso una ley que permita a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) abatir a los delincuentes que los ataquen con armas de fuego o explosivos.
Según explicó a los medios de comunicación tras una actividad oficial, su intención es empoderar a la PNP para evitar que los agentes terminen lesionados de gravedad al intentar desbaratar organizaciones criminales.
“La lucha contra la criminalidad se debe de replantear. Lamentablemente, no vemos unos resultados inmediatos. Creemos que la lucha contra la delincuencia es una lucha integral, en la que intervienen el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, pero sobre todo el Ejecutivo. Ellos son los que tienen que liderar esta lucha y exigir al Parlamento las leyes que no están saliendo”, agregó.
En esa línea, exhortó al Poder Legislativo a acelerar la promulgación de leyes que vienen pidiendo en reiteradas ocasiones y que servirían para darle un golpe a la delincuencia en el país.
“Les tenemos que exigir las leyes necesarias al Parlamento que no están saliendo. Reclamo desde acá nuevamente la ley de flagrancia. Estamos esperando desde hace meses, pero parece que nuestro pedido recae en oídos sordos”, manifestó.
“Ya tenemos tres leyes en el país en la lucha contra la criminalidad, pero son muy pocas. Estamos en eso, necesitamos que todos se comprometan. Tenemos que entender que no hay lucha contra la delincuencia si es que no se asignan recursos”, continuó.
Emular plan Bukele en Perú
Hace más de un año, en agosto del 2023, Arévalo propuso emular lo hecho por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para reducir los robos, secuestros, asesinatos, entre otros actos delictivos, que azotan a la ciudadanía.
En otro momento de su intervención, el titular del PJ redondeó su idea al indicar que la réplica del modelo salvadoreño sería en torno a los “elementos positivos” y en materia de justicia respecto a la seguridad y a la disminución de la tasa de homicidios.
Aunque el magistrado no mencionó la estrategia de seguridad que implementó el presidente de El Salvador, todo parecería apuntar hacia el régimen de excepción. Como es sabido, esta política suspende derechos y garantías contemplados en la Constitución de ese país.
Entre las garantías constitucionales suspendidas se encuentran la libertad de asociación y el derecho a la defensa, y se extiende de 72 horas a 15 días el período de detención provisional. Es relevante señalar que bajo este régimen, las autoridades pueden intervenir en las telecomunicaciones sin necesidad de autorización judicial.
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