El último lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), a cargo de Eduardo Arana, realizó el traslado de 13 internos considerados de alta peligrosidad desde el penal El Milagro de Trujillo a otros establecimientos penitenciarios de régimen cerrado y ordinario.

De acuerdo a la información dada en Tv Perú, esta medida busca mantener el orden y control dentro de la institución. Reportes del mismo Minjus indica que este grupo de internos no estaban acatando las reglas establecidas del centro penitenciario.

Durante el operativo, el ministro Arana supervisó una requisa exhaustiva en el pabellón 2 del penal, enfatizando que los presos continuaban cometiendo actos delictivos desde el interior.

“Es fundamental garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal y la comunidad. No podemos permitir que se perpetúen conductas delictivas dentro de nuestras instituciones”, declaró Arana.

El operativo también contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Operativos en penales

Cabe recordar que hace un par de semanas, el Minjus también realizó un megaoperativo en simultáneo en 67 penales del país para combatir la criminalidad en el que incautó 244 armas blancas, entre otros objetos.

El Ministerio también dio a conocer sobre la incautación de otros objetos y sustancias prohibidas.

“Como resultado del megaoperativo se incautaron un total de 2.182 ketes (paquete de pasta básica de cocaína), 244 armas blancas, 15 celulares y 9 unidades USB”, precisó.

Gobierno anuncia construcción de penales

Arana anunció que se expedirá una norma para ampliar la infraestructura penal en el país. La inversión proyectada para este proyecto asciende a 3,000 millones de soles, con el objetivo de mejorar las condiciones en los penales y fortalecer la seguridad.

A inicios de octubre, el Poder Ejecutivo anunció la construcción de nuevos penales.
La propuesta surgió en medio de una controversia en el Congreso de la República, donde el grupo legislativo de Honor y Democracia planteó la instauración de la pena de muerte como medida para combatir el hacinamiento en las prisiones.

De acuerdo con Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, esta acción refleja el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Además, destacó que también se enfocará en reactivar aquellas obras en este ámbito que están actualmente detenidas.

“La señora presidenta ha sido también enfática en señalar que se van a proveer de los recursos necesarios para brindar equipamiento a los efectivos de nuestra Policía Nacional del Perú y también para el Cuerpo General de Bomberos”, resaltó Adrianzén a inicios de octubre.

De acuerdo con las cifras de la Unidad Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta agosto de este año, a las que tuvo acceso Infobae Perú, cárceles peruanas enfrentan una crisis de sobrepoblación extraordinaria, llegando a un exceso del 136% sobre su capacidad real.

Hasta la fecha, el país cuenta con 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con una capacidad total de 41.556 personas. Sin embargo, actualmente alberga a 98.255 internos, lo que representa un excedente de 56.699 reclusos.

De los 69 establecimientos penitenciarios en el país, 50 presentan niveles críticos de hacinamiento, con muchos superando el 100% de su capacidad. En algunos casos, esta sobrepoblación alcanza el 300%, 400% e incluso el 500%.