Exalcalde de Pueblo Libre y exjefe de Nicanor Boluarte fue designado en el Consejo para Reforma de Justicia

En enero de 2023, Stephen Haas fue nombrado representante titular del Tribunal Constitucional (TC) ante el Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia en Perú, según informó Canal N. Este consejo, compuesto por varias entidades del Estado, se encuentra actualmente en el centro de una controversia debido a un proyecto de ley presentado por la presidenta Dina Boluarte. La propuesta busca que el Ejecutivo presida de manera “indelegable” dicho consejo, lo que modificaría la actual normativa que permite la alternancia entre los altos funcionarios que lo integran.

Haas, quien anteriormente trabajó como asesor del magistrado Francisco Morales Saravia en el Tribunal Constitucional, tiene un vínculo cercano con la familia Boluarte. En 2018, se refirió a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, como una persona de su total confianza. En agosto de 2021, cuando Dina Boluarte era vicepresidenta y ministra en el gobierno de Pedro Castillo, Haas contrató a Nicanor Boluarte como su asesor principal en la Municipalidad de Pueblo Libre, donde Haas era alcalde.

Sin embargo, esta contratación fue posteriormente declarada irregular por la Contraloría General de la República, ya que Nicanor Boluarte estaba impedido de contratar con el Estado debido a los altos cargos que ostentaba su hermana. Nicanor Boluarte desempeñó su función como asesor hasta diciembre de 2022.

El Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia, del cual ahora forma parte Haas, está bajo escrutinio debido a las reformas propuestas por el Ejecutivo. La intención de que el Ejecutivo presida el consejo de manera indelegable ha generado debate, ya que actualmente la ley permite que diferentes altos funcionarios alternen en la presidencia del consejo.

Este contexto se enmarca en un periodo de cambios y ajustes en el sistema judicial peruano, donde las decisiones sobre la estructura y liderazgo de los órganos técnicos son de gran relevancia para el futuro de la justicia en el país. La participación de Stephen Haas en este consejo y su relación con la familia Boluarte añaden una capa adicional de interés y complejidad a la situación actual.

La reforma al sistema de justicia encabezado por la presidenta con investigaciones

Dina Boluarte ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República que busca modificar la ley N.º 32942, la cual establece el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Esta iniciativa, que data del gobierno de Martín Vizcarra en 2019, propone cambios significativos que otorgarían al Poder Ejecutivo un control directo sobre el Consejo, según informó Infobae.

El proyecto de Boluarte establece que el presidente de la República presidirá de manera “indelegable” el Consejo, lo que representa un cambio drástico respecto a la normativa actual. Actualmente, la presidencia del Consejo puede ser alternada entre altos cargos como el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, entre otros. Esta modificación centraliza el liderazgo en la figura presidencial, lo que ha generado atención y debate.

Otra modificación relevante es la designación del ministro de Justicia y Derechos Humanos como secretario técnico del Consejo, un cargo que también deberá desempeñarse de manera indelegable. El secretario técnico tiene la responsabilidad de coordinar con el consejo técnico para implementar los acuerdos adoptados por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

La propuesta de Boluarte surge en un contexto en el que enfrenta varios procesos judiciales. Las denuncias en su contra incluyen investigaciones sobre el financiamiento de su campaña, muertes ocurridas durante los primeros meses de su gobierno, y presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad. Estos procesos han puesto a la mandataria en el centro de la atención pública y judicial.

El proyecto de ley ha suscitado diversas reacciones, dado que implica una reconfiguración del equilibrio de poderes en el ámbito de la reforma judicial. La concentración de poder en el Ejecutivo podría tener implicaciones significativas para la independencia y funcionamiento del sistema de justicia en el país.