El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, presentó un proyecto de ley para que todos los peruanos mayores de 18 años cumplan con un servicio militar obligatorio.
De acuerdo a la iniciativa, también se busca precisar que el personal de “servicio activo” será instruido sin maltratos físicos y/o psicológicos, ni humillaciones por parte de sus superiores o instructores. También añaden como infractores quienes habiendo sido selecciones no cumplan con esta actividad marcial. Por otro lado, de aprobarse esta propuesta, las sanciones quedarían de esta manera:
- Por incurrir en las causas señaladas en los numerales 1, 2 y 3: multa equivalente al 10% de la UIT
- Los funcionarios y personas naturales o jurídicas que no brindan facilidades laborales o académicas a los reservistas para que concurran a los llamamientos de instrucción y entrenamiento: tres unidades impositivas tributarias vigentes
- Los funcionarios y personas naturales o jurídicas que no brindan facilidades laborales o académicas a los reservistas llamados para prestar Servicio Militar en el Activo, en caso de emergencia nacional o movilización: Cinco unidades impositivas tributarias vigentes
- Las universidades nacionales o privadas, así como los institutos superiores y tecnológicos, que no brindan los beneficios dispuestos en la presente Ley y que hayan sido acordados mediante convenio celebrado con el Ministerio de Defensa: cinco unidades impositivas tributarias vigentes
- Los que no guardan el secreto o difunden conocimientos o informaciones recibidos o adquiridos en el cumplimiento del Servicio Militar: siete unidades impositivas tributarias vigentes
- Aquellos que habiendo sido elegidos en el sorteo público regulado por el artículo 50 del presente Decreto Legislativo, no se presenten a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas para la selección respectiva, y aquéllos que habiendo sido seleccionados no se presenten a cumplir con el Servicio Militar Acuartelado: una unidad impositiva tributaria vigentes
Para lograr este planteamiento, se quiere modificar los artículos 1, 2, 39, 46, 77, 78 de la Ley 29248. En la disposición complementaria final, se establece que el Ministerio de Defensa adecuará el reglamento de esta norma en el plazo de sesenta días.
El proyecto presenta como coautores a sus compañeros de bancada: Carlos Enrique Alva, Luis Ángel Aragón, Silva Monteza, Juan Carlos Mori y Elvis Vergara.
Especialistas analizan propuesta de Renovación Popular
La bancada de Renovación Popular también ha propuesto reinstaurar el servicio militar obligatorio para personas mayores de 18 años, pero en esta versión, aplicaría para los que no estudian ni trabajan. Infobae Perú dialogó con especialistas sobre el tema para conocer sus perspectivas.
Mariano González, exministro de Defensa y del Interior, calificó la propuesta como “populista y sin sentido lógico”. González argumentó que el servicio militar debería ser una opción universal, ya sea obligatoria o voluntaria, pero no aplicarse a un grupo específico de la población.
En su opinión, la iniciativa es discriminatoria, ya que el patriotismo y el compromiso con el país no deben ser responsabilidad de unos pocos. En lugar de ello, sugirió crear espacios que motiven la participación cívica de manera inclusiva, sin importar el estrato social.
Por otro lado, Ántero Flores Aráoz, también exministro de Defensa, expresó su preocupación por la viabilidad de la propuesta. Destacó que el servicio militar obligatorio podría enfrentar desafíos logísticos y legales, además de no abordar las causas subyacentes de la inseguridad, como la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, también compartió su perspectiva sobre el tema. Pérez Rocha enfatizó que, aunque el servicio militar puede inculcar disciplina, no es una solución mágica para los problemas de seguridad del país. En ese sentido, sugirió que se deben implementar políticas integrales que aborden la educación y el empleo como parte de una estrategia más amplia para combatir la delincuencia.
Los abogados Diego Arteaga y Guillermo Aliaga también participaron en el análisis de la propuesta. Arteaga señaló que la medida podría enfrentar desafíos constitucionales, ya que podría ser vista como una forma de discriminación. Aliaga, por su parte, sugirió que cualquier reforma en este sentido debería ser cuidadosamente evaluada para garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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