
Durante un operativo en el que se intervino las celdas de los internos de 67 penales a nivel nacional, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), lograron incautar diversos elementos como droga, armas y celulares que serían utilizados como medio para realizar extorsiones desde el interior de las cárceles del país.
Durante la intervención se movilizaron 1.267 agentes del Inpe, además de 3.584 agentes de la Policía Nacional del Perú y 196 representantes del Ministerio Público, quienes verificaron la legalidad del operativo que buscó desarticular las actividades criminales que se desarrollan en coordinación con internos.
Según datos difundidos por el Ministerio de Justicia (Minjus), como resultado de la intervención, se logró incautar 2.182 envoltorios de tipo ketes que contenían diversos tipos de drogas: 940 de pasta básica de cocaína, 671 de marihuana y 571 de clorhidrato de cocaína. Además, se incautaron 244 armas blancas, 15 celulares y 9 dispositivos USB.
Menos del 0,5 % de extorsiones provienen de penales
Aunque las extorsiones desde el interior de penales en el Perú sí se producen, lo cierto es que estas no representan una cifra significativa a nivel nacional. De hecho, cifras de la Policía Nacional del Perú y del propio Ministerio de Justicia indican que apenas el 0,2 % de las denuncias registradas en lo que va del año 2024 provienen de centros penitenciarios.

Según informes del ministerio, hasta el 10 de octubre se registraron 15.384 denuncias de extorsión a nivel nacional, pero de ellas apenas 31 tuvieron como origen alguno de los penales del país. De estos casos, según el Minjus, se produjeron 21 traslados penales de mayor seguridad.
“Mientras que en el año 2023 sólo el 0.1% del total de 19,305 casos por extorsión fueron realizados desde los penales, lo cual derivó en 24 traslados de internos a penales de mayor seguridad”, se indica en la publcación oficial del ministerio a cargo de Eduardo Arana.
Rechazo al control de la Policía y FF. AA. en penales
El Ministerio de Justicia subrayó que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas están capacitadas para cumplir con el mandato constitucional de resocialización, rehabilitación y reincorporación de los internos a la sociedad, tal como establece el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.

También se enfatizó que confiar el cuidado de las cárceles a la Policía y las Fuerzas Armadas implicaría revivir los lamentables incidentes ocurridos en el penal “El Sexto” en 1984, cuando la Guardia Republicana, encargada de la custodia, fue superada por un grupo de diez delincuentes, generando gran tensión en todo el Perú, lo cual fue transmitido en vivo a nivel nacional.
Esta negativa se comunicó públicamente luego de que congresistas de la bancada de Fuerza Popular propusieran que las cárceles a nivel nacional sean controladas por miembros del Ejército de manera temporal por un plazo de 120 días. El pedido fue justificado bajo la creencia de que algunos crímenes como extorsiones tenían su origen dentro de las cárceles. Una creencia equivocada, como lo afirmó el propio Ministerio de Justicia.
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