Waldemar Cerrón ha propuesto una iniciativa legislativa para permitir la operación de taxis colectivos en Lima y Callao, argumentando que la exclusión de estas regiones vulnera el derecho al trabajo de quienes se dedican a esta actividad. Según Caretas, el congresista de Perú Libre sostiene que la mayoría de los limeños está insatisfecha con el servicio de transporte público y que muchas mujeres han sido acosadas en estas unidades.
La propuesta de Cerrón busca extender por diez años más el permiso para el transporte informal en autos colectivos, que actualmente está limitado a regiones fuera de Lima. Esta medida, según el congresista, es necesaria para garantizar un empleo digno a quienes dependen de esta actividad para su sustento económico.
Por otro lado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte (CIT), en diálogo con Caretas, ha expresado su preocupación sobre los intereses políticos detrás de algunos transportistas que apoyan el paro, los cuales, según él, están más allá de las demandas de seguridad para las empresas y trabajadores afectados por la extorsión y la violencia de bandas criminales. Ojeda también criticó el apoyo a la ilegalidad en el uso de vehículos M1 para el transporte colectivo.
El contexto de esta propuesta se enmarca en un sistema de transporte público en Lima que, a pesar de contar con un Sistema Integrado de Transporte (SIT), es utilizado por el 88% de los habitantes de la capital, según datos mencionados por Cerrón. La iniciativa ha generado debate sobre la formalidad y legalidad del transporte colectivo en la región.
Los peligros del transporte informal
El año pasado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expresó su preocupación por el aumento del transporte informal de pasajeros en la región, pues este tipo de servicio no autorizado es una de las principales causas del desorden en las vías públicas y representa un riesgo significativo para la seguridad de los pasajeros.
La ATU ha sido clara en su postura, manifestando un “tajante rechazo” hacia el taxi colectivo, una modalidad que consideran ilegal. Durante el año 2023, se han emitido 9.222 actas de infracción relacionadas con la informalidad en el transporte, y 2.165 vehículos han sido enviados al depósito, según el comunicado de la autoridad.
Además, la ATU ha señalado que, de manera constante, personas que se presentan como representantes de gremios de transporte solicitan reuniones para discutir problemas del sector. Sin embargo, la autoridad ha destacado que estas personas no han podido acreditar su representación legal, lo que complica el diálogo y la búsqueda de soluciones efectivas.
Paro nacional de transporte este jueves 10
Walter Carrera, líder de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani Perú), ha convocado a un paro nacional de transporte para el jueves 10 de octubre. Esta medida se suma a las recientes protestas de diversos gremios en Perú, que exigen la derogación de la ley de crimen organizado y manifiestan su preocupación por el aumento de la inseguridad ciudadana en el país.
La noticia del paro fue inicialmente comunicada por Herman Mendieta, presidente de Asotrani Perú, quien aseguró que aproximadamente el 90% de los transportistas participarán en la movilización. La protesta busca presionar al gobierno para que tome medidas efectivas contra el incremento de la delincuencia que afecta a los trabajadores del sector transporte.
El paro no solo involucra a los transportistas. Según Carrera, se unirán al movimiento otros grupos como el Comando Estudiantil y Juvenil de Lima y Callao, comerciantes de Gamarra, organizaciones ambientalistas y diversas entidades que comparten el objetivo de mejorar la seguridad en el país. Se espera que la protesta tenga un impacto significativo en regiones como Lima, Callao, Junín y Ucayali, entre otras.
La decisión de convocar al paro surge en un contexto de creciente preocupación por la extorsión y la delincuencia, que han afectado gravemente a los transportistas. Esta situación se ha visto agravada por el reciente anuncio del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, una medida que no ha sido bien recibida por los afectados.
“Hemos convocado a una marcha y un paro para el 10 de octubre, sumándose no solo transportistas, sino también panaderos, estudiantes, mototaxistas y el sector minero, porque la extorsión y la delincuencia han llegado a todos los sectores”, declaró Carrera, según lo informado por la asociación.
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