El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que se implementarán medidas de seguridad para proteger a los transportistas de Lima y Callao que decidan operar con normalidad este jueves 3 de octubre. Según el ministro, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estarán presentes para asegurar condiciones adecuadas para la operación de los vehículos de transporte.
“Hay un grupo reducido de choferes y cobradores que, preocupados por la problemática de seguridad ciudadana, plantean mañana hacer un paro. Sin embargo, la mayor parte de los gremios de empresas y de transportistas ha indicado que sí van a salir mañana a trabajar, lo cual agradecemos”, señaló el titular del MTC.
El ministro subrayó la importancia del derecho a la protesta, pero enfatizó que esta debe realizarse de manera pacífica y respetuosa, evitando actos de vandalismo que puedan afectar a otros conductores. Hizo un llamado a los pocos choferes y cobradores que participarán en el paro, instándolos a respetar el derecho de los trabajadores que desean cumplir con sus labores.
Además, Pérez Reyes destacó los esfuerzos que se están llevando a cabo para combatir la extorsión, mencionando la incorporación de más de 100 efectivos especializados en esta problemática. También anunció que el MTC está trabajando en un decreto de urgencia que incluirá la implementación de medidas de vigilancia, como cámaras en vehículos y paraderos, así como botones de pánico en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, señaló que el gremio acatará el paro nacional si no se deroga la Ley 32108 sobre el crimen organizado. Valeriano argumentó que dicha ley está perjudicando a todos los ciudadanos en materia de inseguridad, dando pie a las organizaciones criminales. Advirtió que si el Legislativo no toma medidas para derogar la norma, se tomarán acciones de un paro a nivel nacional.
El ministro Pérez Reyes, por su parte, no descartó que el paro de transportistas se lleve a cabo este jueves 3 de octubre a nivel nacional, pero reiteró que la mayor parte del sector sí va a trabajar. Aseguró que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad de los trabajadores que decidan salir a laborar.
Qué gremios no acatarán paro de transporte
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció que su gremio no acatará el paro programado para el jueves 3 de octubre.
En una entrevista en el programa Ampliación de Noticias, Valeriano explicó que la decisión de no participar en el paro fue tomada porque “en ningún momento hemos salido a un medio a tomar esas decisiones”. A pesar de esto, reconoció la preocupación de algunos compañeros del sector por los casos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte en Lima y Callao.
Valeriano enfatizó que, aunque no se sumarán al paro del 3 de octubre, los transportistas han acordado llevar a cabo una huelga nacional si el Congreso no deroga la Ley 32108. Esta ley, según expertos, representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y ha sido señalada como un factor que incrementa la inseguridad ciudadana.
“La Ley 32108 está perjudicando a todos los ciudadanos en materia de inseguridad, dando pie a las organizaciones criminales. Si el Legislativo hace caso omiso (en la derogatoria de la citada norma), tomaremos acciones de un paro a nivel nacional”, sentenció Valeriano.
El pasado fin de semana, algunos dirigentes de empresas de transporte habían anunciado un paro para el 3 de octubre, denunciando que las extorsiones continuaban. Sin embargo, la decisión final de Anitra fue no acatar el paro en esa fecha específica.
Valeriano también mencionó que entiende la postura de algunos compañeros que están preocupados por la situación actual y que se han pronunciado a favor de una nueva paralización en protesta por los casos de extorsión y sicariato.
La Ley 32108, que ha sido objeto de controversia, es vista por muchos en el sector del transporte como una normativa que facilita la acción de organizaciones criminales, incrementando los riesgos y la inseguridad para los transportistas y la ciudadanía en general.
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