El Grupo Parlamentario Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas por delitos de extorsión y terrorismo urbano. La propuesta, liderada por la congresista Nohelia Herrera Medina, establece la cadena perpetua como sanción para quienes cometan estos crímenes contra personas, negocios y empresas, en un intento por frenar la creciente ola de violencia que azota al país.
El proyecto surge en un contexto donde los casos de extorsión han aumentado, especialmente en sectores vulnerables como el transporte y el pequeño comercio. A su vez, esto ha generado una profunda crisis de seguridad que sobrepasó la respuesta del Estado. La iniciativa de la bancada modifica el Código Penal para atacar de manera contundente a las organizaciones criminales que utilizan el miedo como herramientas de control social.
La propuesta de ley no solo se centra en el castigo, sino que también contempla medidas de prevención y apoyo a las víctimas. Entre estas medidas, se encuentra la creación de programas de protección, apoyo psicológico y líneas directas de atención a víctimas, así como la formación de equipos especiales dentro de la Policía Nacional del Perú para combatir este tipo de criminalidad. Estas medidas buscan reducir la impunidad y ofrecer apoyo a las personas afectadas
Uno de los sectores más afectados por la extorsión es el del transporte urbano. Los trabajadores de este gremio acataron una paralización el último 26 de setiembre. Durante la manifestación, uno de los pedidos más reclamados era que se tipifique el delito de terrorismo urbano, ya que muchos conductores han sido asesinados por negarse a pagar “cupos” a las organizaciones criminales.
Ejecutivo también pide cadena perpetua
La congresista de Renovación Popular, se adelantó al Ejecutivo, ya que el ministro Santiváñez, también señaló que en Consejo de Ministros se acordó presentar una iniciativa similar ante el Congreso. Durante la conferencia, tras el paro de transportistas, el titular del Mininter indicó que se planteará endurecer las penas con cadena perpetua para los delitos de extorsión y sicariato.
Actualmente, la pena máxima para la extorsión es de 25 años de prisión, mientras que en el caso del sicariato, puede ser entre 35 años hasta cadena perpetua, en caso haya agravante, como el uso de un menor de edad u otro inimputable.
“El Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, formulará un proyecto que alcanzará al Congreso de la República, a fin de solicitar que las penas de delitos de sicariato y extorsión sean revaluadas y que puedan ser sancionados hasta con cadena perpetua”, sostuvo el Mininter.
Convocan a Junta de Portavoces
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha convocado a la Junta de Portavoces para el próximo lunes 30 de septiembre, con el objetivo de evaluar la posibilidad de adelantar la sesión del Pleno para debatir el dictamen sobre terrorismo urbano. La reunión, programada para las 14:00 horas, incluye a los integrantes de la Mesa Directiva y a los voceros de las bancadas.
Salhuana anunció su intención de proponer que la sesión del Pleno sea adelantada al martes 1 de octubre. Esta decisión responde a la creciente crisis de inseguridad que afecta a diversos sectores, especialmente el transporte. Como se recuerda, el último 26 de setiembre, los transportistas acataron un paro y marcharon hasta el Congreso para pedir medidas eficaces contra este delito.
Solo en el último mes, cuatro chóferes de transporte público fueron asesinados, porque las empresas en las que trabajaban no pagaron el cupo que los extorsionadores exigían.
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