Freeport McMoRan, compañía estadounidense propietaria de la Sociedad Minera Cerro Verde, ha solicitado la anulación parcial del laudo arbitral que le fue desfavorable en mayo pasado por una controversia que mantenía con el Estado peruano, desde 2020, por tributos impagos entre los años 2006 y 2013 por su producción de cobre, de acuerdo a CIAR Global.
En mayo de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor del Estado peruano en la disputa con la minera Cerro Verde sobre el pago de regalías. La controversia se originó en 2018 cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) exigió a la empresa el pago de S/1.100 millones en regalías adeudadas entre 2006 y 2011.
La minera de cobre Cerro Verde, controlada por Freeport-McMoRan y su socio Sumitomo, argumentó que su contrato de estabilidad tributaria firmado en 1998 la eximía de tales pagos, ya que dicho contrato era anterior a la Ley de Regalías Mineras de 2004. Sin embargo, el Gobierno peruano sostuvo que el contrato solo aplicaba a la planta de lixiviación establecida en los años noventa, y no a la nueva planta concentradora desarrollada entre 2004 y 2006.
El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representado por el estudio jurídico Sidley Austin de Estados Unidos, defendió la posición peruana. El veredicto del CIADI confirmó que, según la legislación andina, no existía documentación oficial que extendiera el contrato de estabilidad tributaria a la nueva planta concentradora.
Vale precisar que Cerro Verde ya había pagado íntegramente el capital, intereses y sanciones exigidos por la Sunat en relación con las regalías y tributos vinculados al mineral procesado en la planta concentradora entre 2006 y 2013, los cuales fueron objeto de la disputa arbitral.
Cerro Verde se seguirá expandiendo
El Ministerio de Energía y Minas ha aprobado el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la expansión de la unidad minera Cerro Verde en Arequipa, con una inversión superior a los US$600 millones para continuar prolongando su producción de cobre. Este anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, durante una actividad en la región de San Martín en junio pasado.
El ministro Mucho destacó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está comprometido con la promoción de proyectos mineros sostenibles en el país.
La expansión de la unidad minera Cerro Verde es un proyecto significativo que busca aumentar la capacidad de producción de cobre peruano y optimizar los procesos existentes. Este proyecto no solo representa una inversión económica considerable, sino que también se espera que genere empleo y desarrollo en la región de Arequipa.
“La minería genera miles de empleos y recaudación para el Estado, a través de impuestos y regalías; la minería genera comercio, desarrollo económico, y los recursos que empleamos para obras de electrificación rural, de saneamiento, hospitales, entre otros. Nosotros apoyamos la buena minería, que se realiza sin bajar las vallas ambientales, para que los peruanos nos sintamos seguros y orgullosos”, refirió Mucho.
Cerro Verde, tributación y el Grupo de Justicia Fiscal
El Grupo de Justicia Fiscal ha puesto de manifiesto que una larga lista de grandes deudores tributarios en Perú opta por mantener prolongados litigios en la Sunat, el Poder Judicial y hasta en instancias internacionales. Este fenómeno se evidencia en casos como el de Cerro Verde, donde se observan diversas estrategias empresariales para postergar sus obligaciones tributarias.
Según el Grupo de Justicia Fiscal, las empresas utilizan una variedad de mecanismos, incluyendo aquellos de carácter internacional, para retrasar el pago de sus impuestos. Esta práctica no es aislada y refleja un patrón más amplio de comportamiento entre las grandes corporaciones que buscan evitar sus responsabilidades fiscales.
Entre las principales medidas, la organización sugiere fortalecer la capacidad de la Sunat y del Tribunal Fiscal, así como definir claramente las responsabilidades de los representantes legales de las grandes empresas deudoras que buscan prolongar los procesos.
La propuesta del Grupo de Justicia Fiscal también incluye la identificación de la ruta crítica en la cadena de reclamos e impugnaciones tanto en las sedes administrativas como judiciales. Esta medida busca agilizar los procedimientos y evitar demoras innecesarias que afectan tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes.
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