Pese a la paralización anunciada por los transportistas, la delincuencia organizada no se detiene y sigue buscando nuevas víctimas. Esta vez fue el turno de los chóferes y trabajadores, la empresa ETUSA, de San Juan de Lurigancho, quienes decidieron no salir a trabajar tras recibir una amenaza con un artefacto explosivo de una banda de extorsionadores.
La empresa ETUSA cubría la ruta desde San Juan de Lurigancho hasta Chorrillos y nunca antes habían sido víctimas de extorsión, hasta esta madrugada, entre las 3:00 y 4:00 a. m., cuando los primeros trabajadores en llegar al paradero inicial ubicado en Huáscar, encontraron el mensaje de los delincuentes.

Como forma de amedrentamiento, la organización criminal, autodenominada, ‘La batería de panameños’, les informa que todas las empresas de Huáscar deben pagar un cupo a su organización o de lo contrario serán asesinados. Ante este atentado contra su integridad, los chóferes se pusieron de acuerdo y resolvieron no salir a trabajar.
Las 190 unidades que tiene la empresa no van a salir a trabajar hoy y no tienen fecha de regreso. Según informó el trabajador a Canal N, acatarán la paralización hasta que el gobierno haya logrado controlar a las bandas de extorsionadores, que hasta el momento han asesinado a cuatro chóferes. “Hasta que todo se normalice, se tranquilice. Por el bienestar de nosotros”, indicó.
Presencia de la PNP
Tras recibir la denuncia, efectivos de la Policía Nacional, de la unidad especial ‘Los Halcones’, llegaron hasta el lugar y lograron desactivar el artefacto explosivo.
Cabe señalar que hace un poco más de dos meses, en quincena de julio, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez inauguró el local de ‘Los Halcones’ en San Juan de Lurigancho, como parte de su estrategia para la lucha contra la delincuencia.

En ese entonces, el titular del Mininter dijo que 300 efectivos policiales llegarán a resguardar el distrito y se sumarían a reforzar la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la PNP, conocida como grupo Terna.
Dos meses después, los resultados no han sido efectivos, pues los empresarios y trabajadores del sector se ven amenazados por bandas de extorsionadores y sienten que la Policía no está cerca cuando es necesario.
“Porque la Policía, como usted ve, está rondando, pero cuando se le necesita no están. Eso nos afecta a todos, porque nosotros vivimos del día a día”, agregó.
Usuarios afectados
La medida adoptada por los transportistas ha afectado a miles de usuarios que no pueden movilizarse con normalidad. Los pasajeros denunciaron que son obligados a bajarse de las unidades de transporte público, que sí salieron a trabajar, y que incluso son amenazados por los manifestantes.
“Estamos peor que en Sudáfrica, allá están mejor. Pero deben apuntar a Palacio de Gobierno”, ese fue el testimonio de un ciudadano que indica que tuvo que caminar diez cuadras y tomar dos colectivos para poder trasladarse de su casa a su centro de trabajo.

Mediante las cámaras de Canal N, el ciudadano instó a la presidenta Dina Boluarte a tomar medidas efectivas para reducir los casos de extorsión contra empresas de transporte.
Sin embargo, desde el gobierno la respuesta ha sido tardía. Solo para dar un ejemplo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado pocos minutos antes de las 7:00 a.m. anunciando que las clases serían de manera remota. Sin embargo, varios estudiantes y maestros ya estaban en camino hacia sus centros educativos.
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