El Perú enfrenta una oleada de incendios forestales que vienen afectando varias regiones del país, principalmente en los departamentos de Amazonas, Ucayali, Loreto y Cusco. Estos incendios, avivados por condiciones climáticas desfavorables, la deforestación y prácticas agrícolas inapropiadas, generan graves consecuencias tanto para el medio ambiente como para los principales sectores económicos del país.
“El impacto ambiental de los incendios forestales en lo que va del año, exacerbado por los eventos recientes del mes de septiembre, es devastador”. Se estima que cientos de miles de hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas, con pérdidas humanas y un gran número de heridos, viéndose afectadas áreas de alta biodiversidad en la Amazonía y los ecosistemas locales.
Declaratoria de emergencia de 2024: Marco legal
Frente a ello, el gobierno peruano, mediante Decreto Supremo No. 097-2024-PCM, ha declarado el Estado de Emergencia en determinadas regiones afectadas por los incendios por un plazo de sesenta días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación, con el objeto de destinar recursos técnicos y financieros extraordinarios a la lucha contra los incendios y la recuperación de las áreas afectadas.
La declaratoria de emergencia se da en el marco de la Ley No. 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), la cual tiene como objetivo principal la reducción del riesgo de desastres y la respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.
Es con base en el Reglamento de la mencionada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo No. 048-2011-PCM, que en el presente caso se ha determinado una emergencia de Nivel 4. Ello implica que los niveles de impacto de daños a consecuencia de incendios forestales superan la capacidad de respuesta regional y requieren de la intervención del Gobierno Nacional a fin de movilizar recursos para atender la emergencia y coordinar acciones con los gobiernos regionales y locales.
Implementación y retos legales
A pesar de las herramientas legales disponibles, como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley No. 29763) y el SINAGERD, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la implementación efectiva de esta regulación. Aunque el Estado de Emergencia permite una rápida movilización de recursos, las respuestas a largo plazo, como la implementación de un enfoque preventivo y la recuperación de zonas que pueden convertirse en focos de calor, siguen siendo áreas en las que se necesita una mayor inversión y planificación.
La coyuntura actual resalta la necesidad urgente de fortalecer la legislación peruana en cuanto a la prevención y mitigación de desastres. Entre las propuestas más importantes se encuentra el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y Prevención de Incendios Forestales, mejorando la capacitación y equipamiento de brigadas forestales a nivel regional y local, así como la aprobación de una versión actualizada del Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales, la cual se mantiene como una tarea pendiente.
“Lo cierto es que esta grave crisis ambiental podría extenderse durante los siguientes meses debido a las proyecciones de falta de lluvias, alzas de temperatura y al déficit hídrico de la Amazonía” por el descenso extremo que vienen experimentando los ríos de las zonas afectadas.
Por ello, es necesario abordar el problema a través de un enfoque multidisciplinario que permita mejorar la capacidad de fiscalización de las autoridades competentes respecto a la quema controlada en actividades agrícolas y a la deforestación provocada por la minería ilegal y el tráfico de tierras, las cuales se encuentran directamente relacionadas con la propagación de incendios forestales.
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