El proyecto de ley 7740/2023-CR impulsado por el congresista Carlos Zeballos ha levantado polémica. Esta iniciativa busca reformar la actual Ley del Deporte. Este jueves se llegó a debatir en el Pleno del Congreso de la República, pero se conoció que volvió a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. En la sumilla se indica: “Propone la práctica de la actividad deportiva y la educación física, constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al sistema deportivo nacional (Sisden) sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole”.
Alzando la bandera de todas las federaciones deportivas nacionales y la voz de los deportistas y paradeportistas, el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velazco, advirtió sobre el peligro de aprobarse esta nueva ley del deporte, ignorando el alto rendimiento y vulnerando los derechos de las Federaciones Deportivas Nacionales y los deportistas.
Agregó que cuando este Proyecto de Ley llegó al Ministerio de Educación, este emitió un informe que lo califica como inviable. “¿O sea tiene un primer rechazo? Por parte del gobierno peruano, el Ministerio de Educación ya lo declaró inviable. Las federaciones cuando tomamos conocimiento los hemos rechazado en forma unánime. Primero porque no nos han consultado y segundo, en el análisis detallado de este cuerpo formativo se concluye que es negativo por donde venga”.
Por su parte, el congresista Carlos Zeballos señaló que mantiene un compromiso con la transparencia y apunta a la mejora del sistema deportivo nacional. Según dijo a Expreso, el legislador busca que esta iniciativa corrija deficiencias estructurales y garantice un uso adecuado de los recursos públicos.
“Es un proyecto que habla de modificar toda la ley del deporte. Estamos abordando el tema de transparencia porque actualmente la Contraloría no puede intervenir en las federaciones deportivas, pese a que reciben una subvención del Estado (...) Muchos dirigentes están utilizando amedrentamientos para impedir que los deportistas tengan justicia deportiva. Por eso, estamos tomando medidas para protegerlos”, señaló Zeballos a Expreso.
Al respecto, Manyari destacó la inserción de mayores mecanismos de control y supervisión de los recursos públicos que se le brinda. “Las federaciones somos controladas en el uso del dinero del Estado. Cada tres meses pasamos por un control selectivo. Cada año pasamos por revisión del órgano de control del IPD. Y cada dos años la contraloría general de la república audita al IPD sobre las subvenciones”, refirió.
Más puntos en contra
A su vez, Manyari destacó que esta iniciativa busca modificar la manera en que las federaciones deportivas eligen sus representantes en las juntas directivas, lo cual califica como una intervención indebida en entidades privadas, que ya están regidas por estatutos internacionales.
Una de las disposiciones del proyecto exige que el tesorero de una federación deportiva sea un contador público colegiado. Sin embargo, ek funcionario señala que las federaciones ya emplean a contadores públicos colegiados para autenticar y presentar los reportes financieros al Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Además, aduce que la iniciativa pretende transferir la potestad de definir las selecciones deportivas para eventos internacionales como los Juegos Olímpicos y Panamericanos exclusivamente a las federaciones, suplantando al COP. Según Manyari, esto contravendría las normativas internacionales y la Carta Olímpica, que otorgan esta responsabilidad al COP.
El titular del COP también advirtió sobre el riesgo que representa la ley para la autonomía de la Comisión Nacional Antidopaje. Recientemente, Perú había cumplido con los requisitos de la Organización Mundial Antidopaje para garantizar la independencia de esta comisión. Sin embargo, el proyecto de ley amenaza con revertir dicha autonomía, dejándola bajo control del IPD y exponiendo a los atletas peruanos a posibles sanciones internacionales.
Finalmente, la nueva ley requeriría que el COP rinda cuentas al Estado peruano sobre los fondos internacionales que recibe, fondos que Manyari insiste son de naturaleza privada y están destinados a programas específicos, sujetos a auditorías y reportes internos.
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