Un autobús interprovincial de la empresa Argos fue intervenido en Canoas de Punta Sal, mientras se dirigía hacia Lima, durante la noche del último martes.
En el vehículo se encontraron 35 extranjeros ilegales, de nacionalidad venezolana y colombiana, según informó El Peruano tras un operativo policial en Tumbes
Después de confirmar la identidad de estas personas, las autoridades descubrieron que cuatro de ellas habían sido deportadas el lunes anterior por ingresar de forma irregular. Los individuos fueron identificados como Carlos Velásquez Vásquez (24), Carlos Gonzales Ramírez (22), Johnny Herrera Hernández (49) y Edward Contreras Zambrano (30).
Javier González Novoa, jefe del Frente Policial de Tumbes, reveló que se detuvo tanto al conductor como al copiloto del autobús bajo cargos de tráfico ilícito de migrantes. Según comentó, la modalidad empleada era el embarque clandestino: “No sale en los terminales sino en otros sitios”, explicó en conversación con Panamericana Televisión.

De la misma forma, horas después de esta intervención, 10 extranjeros más, también venezolanos y colombianos, fueron hallados escondidos en el interior de un local, según información del citado medio de comunicación.
González Novoa explicó, que durante este operativo, un agente encubierto que se hizo pasar por pasajero descubrió que una persona les vendía boletos hasta por 120 soles con destino a Piura. Este individuo fue identificado como John Paul López Sanginés, de 27 años, quien fue detenido en el acto.
Todos los extranjeros han sido retenidos y puestos a disposición de seguridad del Estado para su posterior expulsión del país. Las autoridades continúan realizando operativos similares en diversas partes de la región para contrarrestar el tráfico ilícito de migrantes.
Es importante precisar que, hasta el momento, la región de Tumbes sigue siendo uno de los principales puntos de ingreso para los migrantes que buscan llegar a la capital peruana y otras regiones del país.

Tumbes: allanan un hotel y detienen bus con migrantes indocumentados
Cabe mencionar que el pasado 26 de agosto, Tumbes, fue escenario de dos operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que permitieron la detención de aproximadamente 20 extranjeros indocumentados y la presentación de cargos contra varios individuos por tráfico ilícito de migrantes.
De acuerdo con Exitosa, en el primero de los despliegues, la PNP intervino en el hotel Elica donde se encontraban alojadas alrededor de 15 personas que planeaban dirigirse a la capital, Lima. De acuerdo con el jefe del Frente Policial Tumbes, el general Javier Gonzales Novoa, estaban reunidos en el pasadizo y el patio del lugar en el momento del allanamiento.
Todos ellos están actualmente en proceso de expulsión del país. Además, el propietario del hotel fue arrestado bajo sospecha de participar en el tráfico ilícito de migrantes, informó el citado medio.
Más tarde, ese mismo día, la PNP llevó a cabo un segundo operativo en un bus interprovincial de la empresa Primavera que transportaba a otros 30 extranjeros sin documentos. Estos individuos abordaron la unidad de manera informal y fuera del paradero oficial de la agencia, detallan los reportes.
Fiscalización migratoria en el aeropuerto
En 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú anunció que, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal punto de control migratorio del país, se prohibió la entrada a 2.170 extranjeros.
Esta medida se adoptó como parte de un esfuerzo por evaluar y mitigar posibles amenazas a la seguridad nacional y asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias, según informó la entidad.
Un análisis más detallado revela que, de estos 2.170 extranjeros, 455 personas fueron sometidas a exhaustivos exámenes en el control secundario. Este paso adicional se debió a que, tras evaluaciones en el centro de operaciones del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS), estos individuos fueron considerados potenciales amenazas.
La entidad destacó que su objetivo principal es garantizar una evaluación adecuada de las amenazas que puedan afectar la seguridad nacional, así como asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes migratorias.
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