Ejecutivo podrá realizar contrataciones directas para reactivar obras públicas paralizadas

El gobierno peruano ha publicado el Decreto Legislativo N.º 1636, una medida que promete reactivar las obras públicas paralizadas en todo el país, según informó el boletín del Diario Oficial El Peruano. Este decreto modifica la Ley Nº 31589 con el objetivo de acelerar y simplificar el proceso de reactivación de proyectos de infraestructura, implementando respuestas más eficientes a las necesidades de la infraestructura pública.

Los funcionarios encargados de las entidades públicas, conforme a la nueva normativa, tendrán la facultad de solicitar informes sobre el estado de las obras paralizadas a las Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI), inspectores o supervisores. Además, podrán contratar estos servicios de forma directa cuando se considere necesario debido a la urgencia de la situación.

Cabe resaltar que la norma también introduce cambios significativos en los procesos de contratación para la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de saldos de obra. Se permite la contratación directa en actividades consideradas esenciales para la continuidad de los proyectos. Esta modalidad de contratación incluye la posibilidad de invitar a postores previos o contratar directamente con proveedores.

Otro aspecto clave de este decreto es la regulación de un procedimiento especial de selección con reglas adaptadas para simplificar y acelerar los procesos de contratación. Este enfoque busca mejorar la transparencia del proceso y reducir los tiempos burocráticos involucrados.

El marco legal establece medidas específicas para la reactivación de obras realizadas bajo la modalidad de Administración Directa, permitiendo la contratación para la elaboración y supervisión de expedientes técnicos hasta un monto determinado, mediante procedimientos especiales.

Todas estas disposiciones apuntan a reducir los tiempos de espera y acelerar la toma de decisiones para la reactivación de proyectos, subrayando la necesidad de urgencia en la contratación bajo la Ley de Contrataciones del Estado.

Perú tiene 2298 obras públicas paralizadas

La Contraloría General del Perú ha revelado que, hasta diciembre de 2023, existe un total de 2298 obras públicas paralizadas en todos los niveles de gobierno del país, lo que representa una inversión que supera los S/ 26 mil 992 millones. Además, se estima que se necesitarían más de S/ 13 mil 772 millones para concluir estos proyectos. La causa principal de esta paralización es la modalidad de ejecución por administración directa, elegida en el 55.3% de los casos, principalmente por municipalidades provinciales y distritales.

El reporte también señala que las obras paralizadas incluyen proyectos de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Agricultura, con acumulaciones significativas de inversiones sin concluir. En el sector de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, hay 628 obras paralizadas con una inversión de más de S/ 8522 millones.

Las regiones más afectadas por la paralización de obras son Cusco con 346 proyectos detenidos, Puno con 281, Lima con 178, Áncash con 144 y Cajamarca con 137. Por otro lado, los departamentos con menor cantidad de construcciones inconclusas son Tumbes (7), Callao (10), Madre de Dios (19), Ucayali (24) e Ica (5).

Entre las principales causas de la interrupción de estos proyectos se encuentran los incumplimientos de contrato (23.5%) y la falta de recursos financieros (22.4%). Otros factores incluyen discrepancias y controversias (4.7%) y conflictos sociales. Según los datos, estas obras no han mostrado avances físicos en su ejecución durante seis meses o más, lo que agrava la problemática de su conclusión.

Uno de los proyectos más destacados en estado de paralización es el Majes Siguas II en Arequipa, detenido desde diciembre del 2017 debido a controversias entre la empresa concesionaria y el Gobierno Regional de Arequipa, y actualmente en arbitraje. En Moquegua, la obra de mejoramiento de la carretera Moquegua - Omate – Arequipa también está paralizada desde 2020 debido a disputas contractuales, lo que ha incrementado su presupuesto inicial de S/ 420 millones a S/ 813 millones.