La reciente instalación en el Congreso de la República de la Comisión Mujer y Familia, así como la de Educación, Juventud y Deporte —presididas por legisladores de Renovación Popular y Perú Libre, respectivamente—, ha suscitado una notable preocupación entre diversas organizaciones de la sociedad civil peruana.
De acuerdo a estas voces, las designaciones actuales podrían tener un impacto negativo en los derechos de la infancia y adolescencia al potencialmente revertir avances significativos en materia educativa.
Amenaza al acceso de la Educación Sexual Integral
La inquietud se centra en la asignación de Jessica Córdova (Renovación Popular) y Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) como presidentes de las mencionadas comisiones. Al respecto, Ayesha Dávila, integrante de la organización Cresiendo, expresó que esta situación revela el interés de sectores conservadores del Congreso por intervenir y retroceder en los logros obtenidos en educación.
Para la especialista, en particular, la exclusión de la Educación Sexual Integral (ESI) es una amenaza latente, que afectará a miles de estudiantes y que los dejará vulnerables frente a actos de violencia sexual y embarazos no deseados.
Piden respetar implementación de ESI en las escuelas
El Proyecto de Ley N.º 07579/2023-CR, titulado ‘Ley que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos’, es una de las iniciativas que más rechazo ha generado.
La propuesta permitiría que las madres y padres excluyan a los estudiantes de recibir información y contenidos de ESI en las escuelas, con base en sus creencias religiosas. Las organizaciones sostienen que esta medida expone a las niñas, niños y adolescentes a la desinformación sobre su salud e integridad, y a diversas formas de violencia, principalmente en el entorno familiar, donde ocurre la mayoría de casos de abuso sexual.
Dentro de este contexto, la llegada de la congresista Jáuregui, conocida por su postura contra la ESI, a la Comisión de Educación como secretaria es vista con alarma, puesto que ha sido señalada por su papel en la aprobación del dictamen del PL en mención en la Comisión de Mujer y Familia y podría influir en la determinación de las prioridades de la agenda de dicho grupo de trabajo.
Vulneración de derechos sexuales y reproductivos
Sin embargo, esta no es la única preocupación, ya que —desde el inicio del periodo parlamentario 2021-2026— los sectores más conservadores han promovido leyes y proyectos que afectan los derechos sexuales y reproductivos, así como la igualdad de género.
Así lo advirtió Candelaria Ríos, representante de Foro Educativo, quien también lamentó la “actitud antiderecho que juega en pared con el Ejecutivo” para reglamentar normas con rapidez, mientras que un sistema judicial debilitado dilata procesos o emite sentencias condescendientes en casos de acoso y violencia sexual.
Ante esta situación, hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, comunidades educativas y padres de familia comprometidos a mantenerse vigilantes en la defensa de la Educación Sexual Integral en Perú y a denunciar cualquier intento de retroceso en los derechos de la infancia y adolescencia.
Por su parte, Óscar Amat, representante del Centro de Investigación en Religión y Política (CIERP), requirió a los líderes de las comunidades religiosas que organicen espacios de reflexión sobre la importancia de la ESI para el desarrollo de una espiritualidad integral.
Asimismo, varias organizaciones de la sociedad civil —como Alianza por la ESI, Manuela Ramos, Promsex, Quinta Ola, Ashanti Perú, Inppares, CIERP, CISTAC, Fovida, Flora Tristán, Ayni Desarrollo, Colectiva de Mujeres con Discapacidad Frida Kahlo, y la Mesa de Vigilancia por los Derechos Sexuales y Reproductivos— se han sumado a esta causa en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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