El ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Ángel Manero Campos, solicitó una licencia sin goce de haber por un período de cuatro días, desde el 9 hasta el 12 de agosto de 2024. La medida fue oficializada a través de una Resolución Suprema, publicada en el diario oficial El Peruano. Durante este período, el despacho del Midagri estuvo bajo la dirección de Julio Javier Demartini Montes, actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social.
El titular de Midis, señala que el nivel de la inseguridad alimentaria es mucho menor que lo reportado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El informe de la entidad global indica que 17 millones de peruanos se encuentran en un proceso de inseguridad alimentaria, cifra que equivale a más de la mitad de la población del país.
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En entrevista con RPP, Demartini afirmó: “Recordar que nosotros como ministerio trabajamos con la FAO y con todos los organismos que están adscritos a las Naciones Unidas. Son aliados estratégicos y respetamos sus opiniones, nos sirven como insumos para formular las acciones y las políticas públicas”.
Agregó que el estudio de la FAO se basa en una encuesta telefónica a mil personas, lo que, según él, dificulta que sea totalmente representativa. “Yo creo que hay que ponerlo en su real contexto. Si bien es una información importante, es un poco difícil que sea totalmente representativa”, explicó el ministro.
Estudio del MIDIS

El ministro indica que el MIDIS llevó a cabo su propio estudio, el cual contradice los resultados del informe de la FAO sobre la inseguridad alimentaria en Perú. Según Demartini, los datos del informe, que aún no fue publicado debido a que están en proceso de validación y pendientes de la aprobación final por parte de Midagri, revelan cifras significativamente más bajas.
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Sin embargo, la narrativa oficial del MIDIS se pone en tela de juicio no solo por lo revelado desde la FAO, sino también por los informes internos del propio ministerio. La Encerrona reveló la existencia de un informe interno del MIDIS que arroja cifras similares a las del organismo internacional. De acuerdo con esta fuente, se elaboró un informe en 2023 que muestra que la inseguridad alimentaria afecta al 51,6% de los peruanos, una cifra que coincide estrechamente con la estimación de la FAO.

Sin embargo, este documento no fue publicado oficialmente, y cuando se solicitaron copias a través de solicitudes de acceso a la información pública, la respuesta del ministerio indicó que solo disponían de la Evaluación de la Seguridad Alimentaria ante Emergencias de 2021. A pesar de esta negativa, se logró acceder a una copia del informe de 2023, el cual, según se afirma, “fue presentado ante un grupo de especialistas en diciembre del año pasado”.
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Incremento en la cobertura de programas sociales

El ministro destacó las medidas que el gobierno viene para combatir la inseguridad alimentaria, incluyendo el incremento de los presupuestos para comedores populares, el vaso de leche y ollas comunes. También mencionó que se incrementará el número de adultos mayores en extrema pobreza que reciban pensiones.
“Hemos incrementado 200 mil adultos mayores que no tenían ninguna pensión ni ingreso este año, y el próximo año se aumentará su pensión de 250 soles a 350 soles”, informó. “Este gobierno está trabajando en una estrategia contra la pobreza extrema y la pobreza urbana, con acciones intersectoriales para combatirla y revertirla”.
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La malnutrición, en sus diversas formas, sigue siendo un problema crítico en la región. En Perú, la prevalencia de la desnutrición crónica entre los niños menores de cinco años sigue siendo alta, mientras que la anemia afecta a un gran porcentaje de mujeres en edad fértil. Esos no son los únicos problemas, el costo diario per cápita de una dieta saludable en Perú aumentó de 3.28 dólares en 2017 a 4 dólares por persona en 2022.
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