Con la distribución aprobada en Junta de Portavoces, Fuerza Popular se convirtió en la única bancada que presidirá cuatro comisiones: Agraria, Constitución, Producción y Relaciones Exteriores. Entre ellas, una de las más importantes es la de segunda en mención por su competencia en modificar y revisar de manera integral normas. Sin embargo, dado su impacto a nivel nacional e internacional, la agrupación fujimorista designó a Fernando Rospigliosi, autor de una de las leyes más polémicas en los últimos tiempos.
La ley que prescribe delitos de lesa humanidad, conocida como Ley de amnistía, fue defendida ferozmente por Rospigliosi, quien exigió a la Mesa Directiva del Congreso que la agendara en el pleno antes de finalizar la legislatura. Dicha norma se aprobó en una primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, lo que Rospigliosi celebró públicamente, argumentando que favorecería a militares y efectivos de la PNP con procesos pendientes por violaciones de derechos humanos.
Ello, pese a que organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros se pronunciaron en rechazo. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió suspender el trámite hasta conocer cómo impactará en casos La Cantuta y Barrios Altos.
Pese al artículo 68 de la Convención Americana, que establece la obligación para el Perú, como Estado Parte, de cumplir las decisiones del tribunal, incluidas las medidas provisionales dictadas, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la norma con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.
Su promulgación, sin la observación del Ejecutivo, generó que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, emitiera un comunicado en rechazo. “Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú”, se lee en su comunicado oficial.
El representante de la ONU también consideró que “la falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú”.
Cabe mencionar que en julio, Dina Boluarte y Alejandro Soto, en su calidad de presidente del Congreso, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acusando al organismo de desconocer la soberanía estatal y el principio de separación de poderes, y solicitando que corrigiera sus excesos. En respuesta, el 7 de agosto, la Corte emitió un comunicado pidiendo al gobierno peruano que reitere su adhesión al sistema interamericano y su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Nancy Hernández, presidenta de la Corte IDH, enfatizó en la carta que “de acuerdo al derecho internacional, no es posible alegar disposiciones de orden interno para incumplir con obligaciones internacionales”. Además, expresó su convencimiento de que el Perú, siendo un Estado de derecho y frente a su historia de resiliencia en materia de derechos humanos, hallará la forma de cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular con las disposiciones especificadas en la resolución de 1 de julio de 2024. Esto con el objetivo de evitar que los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta queden en la impunidad.
Pensión vitalicia a Alberto Fujimori
Otro de los temas controversiales dados por el Congreso es la autorización a la pensión vitalicia solicitada por el expresidente Alberto Fujimori. El tema también tiene que ver con interpretaciones legales y constitucionales.
“Hay un debate, pero finalmente la administración del Congreso ha dicho que procede la pensión al expresidente Fujimori. Es evidente que los expresidentes deben tener una pensión, como ocurre en todas partes del mundo. Ahora viene el debate sobre el juicio y las sentencias que tuvo y la ley son posteriores a la elección de Fujimori como presidente en el año 90. Entonces, por tanto, le corresponde una pensión”, dijo el parlamentario a RPP.
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