La Defensoría del Pueblo solicitó al Ejecutivo la formación de una mesa de alto nivel para resolver el conflicto socioambiental en la provincia de Huanta, Ayacucho.
Como se sabe, este viene intensificándose en los últimos cuatro días debido a un paro indefinido contra la minería en defensa de la cordillera de Razuhuillca, que ha llevado a la paralización total de actividades y al bloqueo de todas las vías de acceso.
La población, además de exigir la suspensión completa de las mineras, solicitan la declaración de la cabecera de cuenca de Razuhuillca, principal fuente de agua del valle de Huanta y en parte del distrito de La Mar, como área intangible y protegida.
Para ello, se hace un llamado urgente a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros con miras a establecer una mesa de diálogo con el Gobierno.
Gobernador Wilfredo Oscorima a punto de ser linchado
Richard Olivera, coordinador de la sede defensorial en Huanta, informó que la intervención de la Defensoría ha facilitado hasta ahora el traslado de la población vulnerable, que incluye madres lactantes, personas con discapacidad y niños, así como la continuación del tránsito de vehículos.
Por otro lado, en Huamanga, el personal de la Oficina Defensorial en Ayacucho comunicó que ha supervisado las protestas de alrededor de 3.000 ciudadanos frente a la sede del Gobierno Regional.
Aunque el número de manifestantes aumentó significativamente a 15 mil 000 este jueves, cuando el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, estuvo a punto de ser linchado durante el paro.
El hecho ocurrió mientras el funcionario intentaba presentar propuestas para resolver la huelga indefinida. Pero la población lanzó botellas, piedras y palos en su contra. Frente a ello, la policía respondió con bombas lacrimógenas, y Oscorima tuvo que escapar en un helicóptero del Ejército hacia el Cuartel Pampa.
Estos son los acuerdos rotos
Desde principios de noviembre de 2023, la población de Huanta ha estado manifestándose en contra de las actividades mineras en la región surandina, debido a sus preocupaciones sobre la posible contaminación de las fuentes de agua por metales pesados.
En aquel mes, tras tres días de intensas protestas, se lograron tres acuerdos entre los ciudadanos de Huanta y las autoridades regionales.
Estos compromisos incluyeron la realización de inspecciones sorpresas por parte de funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) y organizaciones sociales en las actividades mineras cercanas a las lagunas de Razuhuillca; la agilización de gestiones para definir espacios protegidos en las cabeceras de cuenca de Razuhuillca; y la revisión de los expedientes de autorización de las operaciones mineras para asegurar el cumplimiento normativo y aplicar sanciones si se detectan infracciones.
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