Contraloría detectó cobro irregular de S/8 millones a usuarios de peaje de Rutas de Lima

Después de verificar, la Contraloría General de la República detectó cobros indebidos a los usuarios del Sistema de Cobro Electrónico “E-pass” del Proyecto Vías Nuevas de Lima, afectando principalmente a los ciudadanos. Según reportó la entidad, se realizaron pagos adicionales a la tarifa del peaje, representando un notable perjuicio económico.

Entre diciembre de 2015 y febrero de 2024, el organismo identificó alrededor de S/8 millones 151 mil 804 cobrados de manera indebida, una cantidad acumulada a lo largo de un período de nueve años aproximadamente. Este monto fue calificado como un “beneficio indebido” para la empresa encargada de la recaudación.

La Contraloría explicó que estos cobros afectan directamente a los ciudadanos que utilizan el sistema de pagos electrónicos E-pass, añadiendo cargas no justificadas a sus ya existentes gastos en peajes. De esta manera, en este contrato se especifica que los costos del equipamiento electrónico y los costos operativos deben ser asumidos por el concesionario y cubiertos con la recaudación del peaje.

Consultada al respecto, desde la concesionaria puntualizaron que el servicio e-pass es un medio adicional de pago electrónico del peaje en la modalidad prepago, de afiliación voluntaria para el usuario que así lo desee, y que no representa ingresos adicionales para Rutas de Lima.

Indicaron que la implementación del e-pass se circunscribe en el marco de la cláusula 10.6 del contrato de concesión, que faculta a la concesionaria a modernizar la tecnología de cobro de peaje en beneficio del usuario. La administración de la plataforma electrónica está a cargo de la empresa Gestión de Carreteras y Peajes SAC, cuyas condiciones de uso y planes de beneficios para el usuario se encuentran disponibles en https://epass.pe/.

Otras observaciones

Asimismo, desde la CGR señalaron que el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) advirtió a la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre estos cobros. Sin embargo, no se realizó ninguna medida para revertir esta situación.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 14979-2024-CG/APP-AC, que reúne estos hechos, destaca la falta de supervisión administrativa de la MML al no intervenir para detener estos cobros, lo cual representa una falta de supervisión.

En otro punto, se detalla que la MML, en conjunto con pronunciamientos de INVERMET, impidió la ejecución del cuarto incremento del peaje entre el 20 de diciembre de 2017 y el 19 de noviembre de 2018. Este mecanismo de compensación favorecía al concesionario y se derivaba de la ejecución de actividades previas que originalmente correspondían al concesionario, según explica en el documento.

Como consecuencia de esta decisión, la municipalidad debió asumir con recursos públicos los costos y gastos relacionados con el proceso arbitral iniciado por el concesionario. En diciembre de 2022, un laudo arbitral reconoció pagos de compensación a favor del concesionario, generando un perjuicio económico para el Estado de S/17 millones 530 mil 183.42 por pagos ya efectuados y un perjuicio potencial de S/36 millones 839 mil 592.38 pendientes de pago, se precisa en el informe.

La situación ha causado una considerable carga financiera para la administración pública, impulsando debates sobre las responsabilidades y el manejo de contratos de concesiones en la infraestructura pública.

En una tercera observación, advirtieron que la MML firmó Actas de Acuerdo sin asegurarse de las fechas de entrega de las áreas de la concesión, entre 2014 y 2016. Esto se consideraría una falta que vulnera los artículos III y IV (numerales 1.1 y 2) y el artículo 6 de la Ley N.° 27444, según la normativa vigente.

Además, no completó la liberación total de las áreas de terrenos e interferencias del proyecto, lo cual contraviene las cláusulas del contrato y los plazos establecidos. Este incumplimiento ha generado un retraso y pérdidas económicas, considerándose que el Estado ha dejado de percibir S/ 71 millones 882 mil 582.10 por concepto de Derecho a la Concesión, que representa el 4% de los ingresos brutos esperados tras la culminación de las obras.