La Defensoría del Pueblo, a través de su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), realizó una supervisión en las carceletas de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), evidenciando condiciones de detención contrarias al trato humano.
Durante la inspección del presidio de la Diviac, ubicada en la avenida España en Lima, se encontró a 33 personas detenidas distribuidas en 18 celdas unipersonales, lo que obligaba a 15 detenidos a dormir en el piso por falta de espacio adecuado. Más de la mitad de los detenidos tenía mandatos judiciales vencidos, algunos con más de 60 días de detención, excediendo el plazo legal permitido de 15 días.
En las carceletas de la Dirincri, también en la avenida España, la situación era igualmente crítica. Se encontraron 105 detenidos, de los cuales más del 80 % tenía mandatos judiciales vencidos. Las celdas no contaban con camas ni aforos establecidos, lo que obligaba a los detenidos a dormir sobre frazadas. Además, el espacio carecía de lavaderos y duchas, y solo tenía un inodoro en condiciones antihigiénicas.
Las autoridades piden regularizar las situaciones de los detenidos
La Defensoría del Pueblo recomedó a varias instituciones, especialmente al Poder Judicial, para regularizar con urgencia la condición legal de los detenidos. También solicitó al Ministerio del Interior que destine el presupuesto necesario para que la Policía Nacional del Perú (PNP) implemente centros de detención conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Piero Villena, director del MNPT, señaló que las celdas supervisadas carecen de accesos para personas con discapacidad. Estas personas permanecen todo el día dentro de sus celdas, sin contacto con el exterior, y dependen de sus familiares para recibir alimentación y artículos de aseo, ya que la PNP no tiene presupuesto destinado para ello. Además, enfatizó que el trato humano debe ser garantizado para toda persona privada de libertad.
El representante de la Defensoría también indicó que, debido a la falta de condiciones adecuadas de habitabilidad, higiene y salubridad, el Estado vulnera sistemáticamente derechos fundamentales de los detenidos, contraviniendo lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos que Perú suscitó y ratificó.
Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
La prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes busca reducir el riesgo de afectaciones a la dignidad, vida e integridad de las personas. Consiste en crear un entorno donde haya menos probabilidades de que estos actos ocurran. La dignidad, la vida e integridad están reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales, y constituyen el soporte para el ejercicio de otros derechos. Por tanto, deben ser promovidos y protegidos por el Estado.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), en vigor desde el 22 de junio de 2006, tiene como objetivo la prevención de estos actos mediante visitas periódicas a lugares donde hay personas privadas de libertad. Su cumplimiento está a cargo del Subcomité para la Prevención de Tortura a nivel internacional y de los Mecanismos Nacionales de Prevención de Tortura (MNPT) a nivel estatal.
Perú ratificó el OPCAT a través del Decreto Supremo 044-2006-RE, el 25 de julio de 2006, asumiendo las responsabilidades establecidas en la normativa internacional sobre prevención de la tortura y otros malos tratos. Mediante la Ley Nº 30394, el Congreso de la República otorgó autonomía orgánica y funcional al MNPT, encargando su implementación y ejecución a la Defensoría del Pueblo, que desde el inicio de sus actividades realiza labores de prevención de la tortura y malos tratos a nivel nacional.
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