El último miércoles, durante la conferencia de prensa convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) debido el asesinato del líder indígena Mariano Isacama, la lideresa ashéninka Tabea Casique denunció la falta de un plan específico del Estado peruano para atender a los hijos e hijas de los 35 líderes indígenas que fueron asesinados defendiendo sus territorios en el Perú.
Asimismo, indicó que urge se implementen reparaciones individuales y colectivas para estas familias, contemplando desde la educación hasta la protección efectiva con la participación de las comunidades indígenas.
Por otro lado, la representante de Aidesep y miembro de la Plataforma de los Pueblos indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) subrayó la necesidad de acciones preventivas para los líderes que han denunciado situaciones de riesgo frente al avance de las economías ilegales en sus tierras ancestrales, tales como la minería y tala ilegal y narcotráfico.
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Pues, estas situaciones no solo vulneran sus derechos humanos a nivel individual, sino que también generan un clima de miedo e inseguridad en las comunidades. Según Casique, el Estado peruano ha normalizado este tipo de agresiones, lo cual es inaceptable.
¿Qué dice el Minjusdh?
De acuerdo a la lideresa ashéninka, la problemática que enfrenta la niñez huérfana de líderes indígenas asesinados pone de manifiesto una carencia profunda en la estructura de las políticas sociales del país.
Infobae Perú consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) sobre el tema. La cartera confirmó que, hasta la fecha, no existe un programa específico a cargo del sector, ni de ninguna otra entidad del Gobierno que aborde esta problemática de manera integral.
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En ese sentido, la representante de Aidesep reafirmar que la ausencia de un plan de acción deja a estos niños y niñas en un estado de vulnerabilidad extrema, sin acceso a recursos básicos como la educación, la alimentación y el cuidado emocional que necesitan de manera urgente.
35 defensores indígenas asesinados en Perú
Desde 2013 hasta 2024, un total de 35 defensores indígenas fueron asesinados en diferentes regiones de Perú, según registros oficiales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Estas muertes, mayoritariamente por disparos de bala, han estado relacionadas con actividades ilegales como la minería y la tala ilegal.
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Asimismo, las amenazas vinculadas al narcotráfico han sido una causa frecuente en estas muertes. Un ejemplo es el caso de Arbildo Meléndez Grandes, líder del pueblo Kakataibo, quien fue asesinado el 12 de abril de 2020 en la Comunidad Nativa Unipacuyacu en Huánuco.
Aunque los conflictos y amenazas en territorios indígenas no se limitan a actividades ilegales. Los defensores también enfrentan conflictos por explotación de recursos naturales.
El 9 de agosto de 2020, tres indígenas del pueblo Kukama fueron asesinados durante una protesta en el Lote 95, una zona afectada por la explotación petrolera. Entre las víctimas se hallaban Cheminton Flores Crispin, William López Ijuma y Elix Ruiz Ortiz.
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