El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, aseveró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no tiene “ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo”; sin embargo, especialistas en derecho internacional y derechos humanos lo contradicen.
“La Corte Interamericana no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo, ni mucho menos al Poder Judicial para que interfiera en las decisiones de otros poderes. El (PJ) respeta a los otros poderes y cuando esta ley se promulgue entrará en vigencia. Si algún juez considera que la ley es inconstitucional, contraria a convenios, la inaplicará vía control difuso, argumentando por qué”, indicó.
“La Corte Interamericana no tiene que decirnos nada. No tenemos por qué retirarnos, la corte tiene sus atribuciones, pero cuando se excede obviamente tenemos que ponerle un límite. Yo creo que el exceso está en que no puede ordenarle a los poderes del Estado que no hagan algo, es un acto de Gobierno”, agregó.
A través de su cuenta personal de Twitter, Julissa Mantilla, abogada peruana y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que existen “al menos tres argumentos falsos que se repiten en conjunto”, en el discurso de Arévalo.
En ese sentido, dijo que es mentira que la Corte se ha excedido sus funciones, que no hay precedentes de pedir la suspensión de un proyecto de ley y que se atenta contra la soberanía. ”Se trata de instalar un discurso erróneo, pero por más que se repita no es cierto”, sostuvo.
En esa misma línea, el abogado de las víctimas de los casos ‘Barrios Altos y La Cantuta’, Carlos Rivera, utilizó la misma red social para mencionar que la cabeza del Poder Judicial hacía “gala de una impecable ignorancia en derecho internacional” en sus argumentos.
Como se sabe, el Perú se sometió a la competencia contenciosa de este tribunal desde 1981, por lo que las decisiones son vinculantes.
El letrado, en declaraciones para Infobae Perú, también se refirió al argumento de que el Perú es país soberano, y que se ha repetido en el Congreso para no acatar lo dispuesto por los órganos internacionales.
Boluarte y Alejandro Soto enviaron carta
El jueves 4 de julio, el Congreso de la República aprobó una ley que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad durante la época del conflicto armado interno. La medida podría beneficiar a figuras como el exdictador Alberto Fujimori, además de militares.
Luego de un periodo de 90 días sin dialogar con la prensa, la presidenta Dina Boluarte comentó que el proyecto aún no ha llegado al Poder Ejecutivo y que será evaluado por los sectores correspondientes una vez que sea derivado.
Esta misma postura tuvo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien subrayó que el texto aún no ha sido recibido y que el Ministerio de Justicia se encargará de su análisis.
Luego de estas declaraciones, se hizo pública una carta conjunta entre la mandataria y el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, dirigida a la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López.
En dicha comunicación, ambos políticos defendieron la “soberanía del Perú” y su sistema democrático, rechazando las observaciones de la Corte IDH. La carta resalta que el país cuenta con mecanismos internos para el control de las leyes, como el poder judicial y el Tribunal Constitucional.
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