La congresista Norma Yarrow, miembro la bancada Renovación Popular, solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) un informe urgente sobre posibles irregularidades en procesos de contratación pública. Esta petición se realiza tras la revelación de que 15 empresas farmacéuticas podrían haber coludido para obtener licitaciones y aumentar el precio de medicamentos.
En una carta dirigida al ministro de Salud, César Vásquez, Yarrow destaca que estas irregularidades afectarían especialmente a la población de menos recursos, dificultando su acceso a medicamentos esenciales. “Porque ven alejarse la posibilidad de acceder a una medicación oportuna”, señala.
Según nuestras fuentes, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento sancionador contra estas empresas por presunta colusión en contrataciones públicas entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Estos contratos estaban destinados al suministro de medicamentos esenciales para tratar cáncer, infecciones y otras enfermedades.
Yarrow, quien pertenece al partido Renovación Popular, ha invocado el artículo 69 del Reglamento del Congreso para solicitar la información. En su carta también pregunta si el Minsa ha iniciado alguna investigación para determinar la posible participación de funcionarios públicos en estas irregularidades.
Además, la congresista envió otra carta a María Elena Aguilar, titular de Essalud, para indagar sobre el presunto “Cártel de medicamentos”.
Indecopi investiga a farmacéuticas por colusión en compras públicas de S/6 mil millones
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra quince empresas farmacéuticas y cinco directores ejecutivos. La medida se da tras encontrar indicios de prácticas anticompetitivas en los procesos de compras públicas de medicamentos efectuados entre 2006 y 2020, con un valor total de seis mil millones de soles.
La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi identificó razonables evidencias de prácticas colusorias en 23 procesos de adquisiciones de medicamentos esenciales llevados a cabo desde diciembre de 2006 hasta febrero de 2020. Estas prácticas incluyen coordinación de propuestas, rechazos a participar en convocatorias y acuerdos para repartirse medicamentos en las subastas inversas organizadas por el Ministerio de Salud y EsSalud.
Entre las empresas investigadas, varias continúan siendo proveedores del Estado. Es el caso de Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., que ha sido multada por el Tribunal de Contrataciones del Estado y que, en 2020, vendió hidroxicloroquina e ivermectina al Estado, a pesar de los estudios clínicos que desaconsejaban su uso para tratar la Covid-19. Actualmente, esta empresa sigue registrando contratos públicos significativos.
Otra empresa destacada en la investigación es el Instituto Quimioterápico S.A., que también acumula penalidades y continúa siendo proveedor del Estado con adjudicaciones millonarias este año. Otras compañías involucradas incluyen a B Braun Medical Perú S.A., Perulab S.A., Laboratorios AC Farma S.A., y Medifarma S.A., entre otras.
En el ámbito de los ejecutivos, figuran nombres como el de Juan Apéstegui Castro, exgerente general de Medifarma S.A., y John Charles Mac Dowall Talavera, socio de Laboratorios Portugal S.R.L., quienes estarían implicados en la planificación y ejecución de estas prácticas contrarias a la libre competencia, utilizando comunicaciones secretas para coordinar estrategias y evitar ser detectados.
El ministro de Salud, César Vázquez, se pronunció al respecto, señalando que “estos poderes oscuros son los que están detrás de campañas en contra de nuestra gestión”. Vázquez denunció que estas prácticas buscan instaurar la percepción de desabastecimiento de medicamentos para forzar compras innecesarias a precios inflados.
Las empresas y directivos investigados tienen 30 días para presentar sus descargos frente al Indecopi. Hasta ahora, la Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, Sanitarias, de Suplementos Alimenticios y Dispositivos Médicos (ADIFAN) no ha emitido un pronunciamiento sobre el inicio de la investigación.
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