La jueza de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Andrea Muñoz Sánchez, ha ordenado, en primera instancia, ampliar la extradición del exdictador Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas y otros cuatro casos ligados a violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen.
La magistrada consideró en su resolución que las cinco causas acogidas cumplen los requisitos para acceder al proceso, ya que se encuentran contenidas tanto en el tratado suscrito sobre la materia entre Chile y Perú como en las convenciones internacionales de Belém do Pará, Cedaw y el Estatuto de Roma, entre otros.
- Secuestro agravado y homicidio calificado de seis miembros de la familia Ventocilla (Caso Ventocilla).
- Lesiones graves seguidas de muerte en agravio de cinco mujeres, y lesiones graves en más víctimas (Caso Esterilizaciones Forzadas).
- Secuestro agravado de Arturo Moreno Alcantara y otros (Caso Cabitos).
- Homicidio calificado de Nicolás Cruz Sánchez y otros (Caso ejecuciones extrajudiciales durante el operativo de rescate de rehenes en la Embajada de Japón en Lima).
- Homicidio calificado de Jorge Bardales Rengifo y otras 39 personas, lesiones graves en agravio de siete personas, (Caso Castro Castro).
“Se trata de conductas intolerables, que no pueden permanecer en la impunidad, sino que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas, sin que importe o sea un impedimento el tiempo en que se hayan cometido, a lo que debe contribuir la cooperación internacional, de la que la institución de la extradición es la mejor muestra, se resuelve que para los efectos de lo exigido en el Tratado de Extradición que ampara los presentes requerimientos, y descartando lo postulado por la defensa del requerido a este respecto, no ha operado la prescripción de la acción para perseguir tales delitos”, concluye el fallo.
Las investigaciones revelaron que altos mandos del gobierno y militares peruanos estuvieron involucrados en estas transacciones ilegales, realizadas a través de intermediarios y con la presunta coordinación de Vladimiro Montesinos, el entonces asesor de inteligencia del exdictador.
¿Por qué todavía no hay un juicio?
El 20 de noviembre del 2023, luego de casi dos años de investigación judicial, el nuevo juez a cargo del caso Esterilizaciones Forzadas, el magistrado Littman Ramírez Delagado, ordenó elevar el expediente a la Sala Penal, lo cual iba a permitir entrar a juicio.
No obstante, unos días antes, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema notificó su sentencia que declaraba fundado el amparo del exministro de Salud de Fujimori, y uno de los denunciados, Alejandro Aguinaga.
El ahora congresista de la República por Fuerza Popular manifestaba que en el auto de instrucción no se había fundamentado de forma correcta los motivos para considerar el delito de lesiones graves como una “grave violación de los derechos humanos”.
Por ello, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ordenó al Juzgado Penal Supraprovincial Penal Transitorio Nacional emitir un nuevo pronunciamiento.
Luego, el juez Littman Ramírez Delgado dispuso, a través de una resolución del 6 de marzo de este año, adecuar el caso a las reglas del nuevo Código Procesal Penal.
El Ministerio Público apeló esta decisión y ahora el 5 de julio, a las 10:05, se decidirá si se subsana la resolución anulada, y se continúa finalmente con la etapa de acusación y juicio.
Minsa designó a investigado como director de hospital
En la resolución de la jueza suprema Andrea Muñoz Sánchez también se menciona al exministro de Salud de Fujimori, Eduardo Yong Motta, quien recientemente fue designado por el Ministerio de Salud (Minsa) como director del Hospital Arzobispo Loayza.
En las últimas semanas, el nosocomio había enfrentado diversas denuncias por mala gestión administrativa y falta de insumos médicos. Trabajadores del establecimiento incluso realizaron protestas exigiendo cambios y mejores condiciones laborales.
El titular del Minsa, César Vásquez, tomó esta decisión a pesar de que el caso aún está pendiente de resolución judicial. En diálogo con este medio, María Ysabel Cedano, abogada de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, afirmó que esta designación representa “un desprecio absoluto” hacia los derechos de las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
Cedano también recordó que tanto Alberto Fujimori como sus exministros de Salud, incluido Yong Motta, junto al actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, están procesados por delitos de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de violaciones de derechos humanos.
“Hay signos de lo que va a pasar cuando se apruebe (la ley de amnistía). Se va a repetir la historia porque si Manta y el caso de esterilizaciones forzadas se quedan sin justicia, qué le queda a las víctimas de Majaz, de Conga, del 14 N y de las detenciones en San Marcos, que son mujeres que todavía no se atreven a denunciar”, lamentó.
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