Alto Comisionado de la ONU cuestiona al Congreso peruano por generar leyes que atentan contra la democracia

El pasado martes 18 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio inicio a su 56° periodo de sesiones, en el cual se discutieron diversos temas relacionados con la situación de derechos humanos a nivel global. En este contexto, el Congreso peruano volvió a ser motivo de críticas, pues en su intervención la intervención del alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, emitió una crítica contundente hacia Legislativo, reiterando la preocupación internacional que existe hacia la avanzada que va en contra de los derechos de la ciudadanía de dicha institución.

En el discurso, Türk se mostró profundamente preocupado por una serie de normas aprobadas recientemente por el Congreso peruano, las cuales, según sus palabras, representan una amenaza para la democracia en el país, siendo estas motivo de afectación a la independencia judicial, la capacidad de organización de la ciudadanía y la participación de la mujer en la política.

Preocupación de Entidades Internacionales por acciones del Congreso es predominante

Como se sabe, el contexto político en el Perú ha sido sumamente inestable, con frecuentes enfrentamientos entre el poder legislativo y otras instituciones del Estado. Así, las declaraciones de Türk se suman a las de diversas organizaciones internacionales como la CIDH, un total de 16 embajadas, y organizaciones internacionales veladoras de independencia judicial y derechos humanos como Human Rights Watch, WOLA y otras; que alertaron también esta tendencia en el Legislativo

Estas normas, a las que Türk hace referencia, tienen que ver con leyes aprobadas recientemente por el Congreso peruano, de las cuales varias de ellas han sido particularmente controvertidas. Una de las más polémicas es la ley que elimina la obligatoriedad de paridad y alternancia en las listas electorales. Esta medida ha sido vista como un retroceso significativo en la lucha por la igualdad de género en la política peruana, ya que la paridad y alternancia son mecanismos que garantizan una representación más equitativa de mujeres y hombres en los cargos de elección popular.

Las normas que el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, cuestiona

Al eliminar esta obligatoriedad, se abre una brecha que podría reducir la participación política de las mujeres, repercutiendo negativamente en los avances logrados en años recientes. Otra ley controvertida es la que elimina los movimientos regionales. Esta medida limita la diversidad política y la representación local, dado que los movimientos regionales son una forma clave en la que diversos sectores de la sociedad peruana pueden expresar y canalizar sus intereses y demandas a nivel regional. La eliminación de estos movimientos podría centralizar aún más el poder, limitando las voces regionales y debilitando la democracia participativa en el país.

Además, el Congreso peruano ha promovido normas que buscan la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la reforma del Ministerio Público. La JNJ es una entidad autónoma responsable de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. La propuesta para eliminarla se percibe como una amenaza seria a la independencia judicial, un elemento esencial para garantizar un sistema de justicia libre de interferencias políticas.

En cuanto al Ministerio Público, las reformas propuestas incluyen cambios que podrían minar su autonomía, facilitando la interferencia de otros poderes del Estado en su funcionamiento. La independencia del Ministerio Público es crucial para asegurar la imparcialidad en la administración de justicia, y cualquier intento de socavar esta autonomía pone en riesgo la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos.

Finalmente, las críticas de Türk también abordaron la restricción de las libertades de asociación y expresión. Estas libertades son pilares fundamentales de una democracia funcional. La libertad de asociación permite la formación de organizaciones civiles y políticas que pueden fiscalizar al gobierno y actuar como contrapeso, mientras que la libertad de expresión es esencial para que los ciudadanos puedan expresarse y debatir ideas sin temor a represalias. Cualquier normativa que busque restringir estas libertades es vista con gran preocupación.