
El periodista César Hildebrandt se ratificó en que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte es “ilegítimo” y respaldó el comunicado del Ministerio Público donde invocan a la ciudadanía a defender la democracia y el estado de derecho ante cuestionados proyectos de ley.
En su podcast semanal, Hildebrandt negó que la Fiscalía incite a la violencia al hacer un llamado a la población, tal como afirman desde un sector del Congreso. Aseveró que “quienes incitan a la violencia son los que se zurran en la Constitución que dicen respetar y la modifican de facto como si fueran Asamblea constituyente espuria”.
En ese sentido, el director del semanario Hildebrandt en sus trece señaló que “hay que apelar al artículo 46 de la Constitución, que ellos mismos dicen que es sagrada”.
Dicho apartado de la Carta Magna establece que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”. También estipula que “la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.
Boluarte sin respaldo empresarial
La percepción de los ejecutivos sobre la gestión del gobierno de Dina Boluarte ha sufrido un cambio significativo, según una encuesta realizada por Ipsos Perú y difundida en Semana Económica. La desaprobación de los directores generales hacia la gestión de la presidenta pasó del 71% en 2023 al 12% en 2024. Este estudio recogió la opinión de 143 CEO de las 2.500 empresas más grandes de Perú.
El descontento empresarial se debe en gran parte a la incapacidad del gobierno para destrabar proyectos y atraer nuevas inversiones, a pesar de contar con ministros técnicos en áreas clave como el Ministerio de Economía, Energía y Minas, y el portafolio del Ambiente. Asimismo, la crisis institucional visible en la Fiscalía de la Nación y los cuestionamientos a los organismos electorales y a la Junta Nacional de Justicia han exacerbado esta percepción negativa.

En el contexto de este descontento, Marco Antonio Zaldívar, director independiente de empresas, mencionó que el desencanto se debe a casos de corrupción que empezaron a surgir en el gobierno actual. Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, también indicó que la falta de certeza sobre el futuro político y económico influye en la cautela para nuevas inversiones.
Por otro lado, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, atribuyó la baja popularidad de la presidenta a un problema de comunicación e imagen, aunque destacó la recuperación económica del país en abril con una expansión del 5,3%. Adrianzén confía en que esta tendencia positiva continúe y mejore la confianza empresarial hacia fin de año.
Casos recientes como la falta de transparencia en la declaración de bienes y un allanamiento a la residencia de Boluarte han afectado su imagen pública. En comparación con exmandatarios como Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, Boluarte enfrenta una desaprobación histórica, especialmente en el sur del país, donde su aprobación desciende al 3%.
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