Patricia Chirinos denuncia constitucionalmente al Fiscal de la Nación por archivar investigación a Martín Vizcarra

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó este lunes ante el Congreso de la República, una nueva denuncia constitucional en contra del ahora fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, con la que busca su inhabilitación por 10 años. Con esta medida, se suma una denuncia más en contra del titular del Ministerio Público; esta vez, por haber decidido archivar la investigación preparatoria que se realizaba en contra del expresidente Martín Vizcarra por el escándalo de la compra de pruebas rápidas de pruebas para detectar el COVID-19.

En el documento de la denuncia constitucional contra el titular de la Fiscalía de la Nación, a la que Infobae Perú tuvo acceso, se acusa a Villena Campana de la comisión del supuesto delito de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales; por haber archivado las pesquisas en contra del exmandatario Martín Vizcarra por el escándalo de las pruebas rápidas en pandemia.

Según la denuncia constitucional presentada por Chirinos, las investigaciones y los motivos para que se justifiquen las investigaciones en contra del exdignatario se basan en que “se adquirieron pruebas sin respaldo técnico, lo que podría haber perjudicado gravemente la salud pública”.

Las justificaciones para denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación

Aun así, la investigada congresista sostiene que Villena, quien fue nombrado fiscal interino, archivó la investigación sobre la compra de un millón 400 mil pruebas rápidas, a pesar de contar con informes adversos de la Contraloría General y del Congreso de la República. Estos documentos habían indicado que las pruebas no cumplían con los estándares necesarios para un diagnóstico preciso del COVID-19 y que fueron compradas ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Chirinos busca justificar sus acusaciones contra Villena, así como el pedido de inhabilitación por 10 años en su contra alegando que “todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación y (el fiscal de la Nación) no ha cumplido con esta obligación”; ya que su decisión de archivar la investigación impidió el esclarecimiento de responsabilidades y la implementación de medidas correctivas en el manejo de la pandemia.

Como si no fuera suficiente, Chirinos pide también el procesamiento penal contra Villena, de encontrarse su responsabilidad ante el Congreso de la República mediante un proceso de juicio político. La congresista asevera que al archivar la investigación, Villena incumplió con su deber de “defender la legalidad y proteger los intereses públicos, violando así los artículos 39° y 159°” de la Constitución Política del Perú.

El caso de las pruebas rápidas

El caso tiene sus raíces en una reunión del 18 de marzo de 2020 en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la que asistieron altos funcionarios, incluido el entonces presidente Martín Vizcarra. En ese encuentro, se habría acordado la compra de pruebas rápidas sin suficiente respaldo técnico-científico. Al día siguiente, se emitió el Decreto de Urgencia N° 028-2020, que permitió la compra de estas pruebas.

Posteriormente, informes de la Contraloría General revelaron que el Instituto Nacional de Salud (INS) gastó más de 105 millones de soles en estas pruebas, que no eran adecuadas para detectar el virus en sus fases iniciales. Dichos informes también indicaron omisiones en el control y supervisión de la distribución de estos bienes.

En ese mismo sentido, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso investigó el caso y concluyó que varios funcionarios de alto nivel, incluidas las exministras de Salud y Economía, María Elizabeth Hinostroza Pereyra y María Antonieta Alva Luperdi, respectivamente, participaron en decisiones contrarias a las políticas de salud vigentes, que solo avalaban el uso de pruebas moleculares.