El congresista de Podemos, Juan Burgos, ha presentado un proyecto de ley para que menores de 16 años puedan ir a prisión por cometer delitos como sicariato, robo y extorsión.
Como coautores de la norma aparecen sus compañeros de bancada: Luis Picón, José Luna, José Elías, Carlos Zeballos, Kira Alcarraz y Digna Calle.
Para lograr este objetivo, el legislador propone que se modifique el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal, en lo que respecta a la inimputabilidad, aprobado mediante Decreto Legislativo 635. El texto quedaría de esta manera:
“No está exento de responsabilidad penal el adolescente que, a partir de los 16 años de edad incurre en la comisión de delitos los contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición de la víctima, sicariato, y, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato; delitos contra el patrimonio en su modalidad de robo, robo agravado y extorsión; y; delitos contra tranquilidad pública en su modalidad organización criminal, y, banda criminal u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”, afirma el documento.
De aprobarse, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) deberá adecuar las normas complementarias en el sentido de la presunta norma en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación.
Dentro de los argumentos, Burgos se basa en la existencia de las “reglas de Beijing, que establecen que para la responsabilidad penal del menor se debe tener en cuenta la madurez mental y emocional”.
“Esto significa que, más que una edad específica, se debe tomar en cuenta criterios psicológicos y morales y su discernimiento”, precisa.
Además, señala que en Europa hay diferentes países que regulan este aspecto como: Bielorrusia, Moldavia y Macedonia a partir de los 14 años; Dinamarca, Finlandia, Polonia, Turquía y Suecia.
Buscan tipificar los préstamos ‘gota a gota’ como extorsión
El Congreso de la República de Perú busca imponer sanciones más severas contra el ‘gota a gota’, como su inclusión dentro del delito de extorsión. El 5 de junio pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento aprobó una propuesta de la congresista Norma Yarrow, de Avanza País, que modifica la Ley de Delitos Informáticos.
La iniciativa legislativa, aprobada con 20 votos a favor, cero en contra y una abstención, tiene como fin modificar el artículo 200 del Código Penal, e incorporar el artículo 8-A en la Ley 30096. Este nuevo apartado penalizaría a quienes, a través de plataformas digitales, inciten a aceptar dinero o bienes mediante amenazas o engaños.
El proyecto también pretende ofrecer mayor protección legal a los grupos más afectados por estos préstamos, como amas de casa, estudiantes y pequeños comerciantes. Durante el debate, Yarrow destacó que la penalización de los préstamos extorsivos contribuye a la seguridad económica y ayuda a desmantelar organizaciones criminales.
Estas actividades delictivas están presentes en diversas áreas del país. La forma como operan es simular ser entidades financieras legítimas y promocionar sus servicios en las zonas más transitadas.
Expertos como Jorge Solís, de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, advierten que alrededor de 2.000 empresas operan bajo la apariencia de bancos, financieras o cooperativas falsas. Estas compañías suelen atraer a personas que no califican para obtener un préstamo en entidades bancarias formales.
Las autoridades instan a las víctimas de estas redes delictivas a denunciar los incidentes a que se contacten con la Policía o acudan la comisaría más cercana o al Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Además, sugieren utilizar el hashtag #QueNoTeAhogueElGotaAGota en redes sociales para alertar a posibles afectados.
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