El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) expresaron su “profundo desacuerdo” con el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso. Además de la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la norma propone otorgar al próximo Senado la facultad de designar y remover a los jefes de las entidades mencionadas.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Reniec resaltó que cualquier cambio en la elección y ratificación de jueces y autoridades electorales debería ser consensuado y considerar opiniones técnicas y méritos, no valoraciones políticas. Llamaron al Congreso a reflexionar sobre esta iniciativa que consideran perjudicial para la democracia y la reputación del país.
Un día antes, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) subrayaron su oposición a la medida, argumentando que convertiría la designación de las autoridades electorales en un proceso basado en la valoración política en lugar de en la idoneidad técnica. Actualmente, la JNJ organiza concursos públicos de méritos para estas designaciones. Las entidades advierten que la participación del Senado, como un órgano político, pondría en riesgo la independencia y autonomía de los organismos electorales, lo cual podría llevar a una clara vulneración de su neutralidad.
Además, destacaron que la actual estructura ha garantizado elecciones “limpias y transparentes” gracias a la neutralidad e independencia de los organismos electorales frente al poder político. “Cualquier intento de cooptar los organismos electorales afecta transversalmente la democracia representativa y la institucionalidad democrática, lo que resulta contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, afirmaron en el pronunciamiento.
¿Qué dijo la Junta Nacional de Justicia?
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), principal entidad afectada, expresó su rechazo y preocupación ante la rápida aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso de Perú del proyecto de reforma constitucional que propone su desaparición y la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. La votación, respaldada con 13 votos, fue observada por organismos nacionales e internacionales, según informó la JNJ.
Según la JNJ, esta reforma representa un retroceso en lugar de una mejora para la administración de la justicia en el país. El otorgamiento al Poder Judicial y a la Junta de Fiscales de la facultad para elegir jueces y fiscales respectivos podría corromper el sistema de justicia, replicando problemas del pasado.
Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno asegurar la efectividad de la JNJ para salvaguardar su independencia. Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados expresaron su preocupación debido al informe de la Misión Internacional de Observación (MIO), que destacó diversas formas de interferencia del Poder Legislativo en el funcionamiento normal de la JNJ.
En tanto, la Misión Internacional de Observación expresó su preocupación por la interferencia del poder legislativo en el funcionamiento de la JNJ. Señalaron un deterioro en la institucionalidad de la JNJ debido a repetidos intentos de interferencia política. Uno de los temas más críticos que identificaron fueron los juicios políticos contra miembros de la JNJ, que según la misión, se han utilizado sin fundamentación adecuada en hechos graves establecidos por la ley, lo cual atenta contra la independencia del sistema de justicia peruano.
También subrayó su inquietud por las iniciativas de reforma constitucional dirigidas a disolver la JNJ y reemplazarla con un nuevo organismo, advirtiendo que estas propuestas carecen de justificación técnica y podrían desestabilizar aún más el sistema judicial en Perú. La JNJ fue creada mediante un referéndum en 2018 con una amplia mayoría de votos, desempeñando un papel crucial en la designación de altas autoridades judiciales y electorales.
Cabe mencionar que, con dicha aprobación, el dictamen queda habilitado para ser debatido en el pleno del Parlamento. Para su aprobación definitiva, como se trata de una reforma constitucional, se requerirán 87 votos en dos legislaturas o 66 votos más un referéndum.
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