
En Ayacucho, se ha dado inicio al proceso de revocatoria hacia el gobernador regional Wilfredo Oscorima, por su presunta incapacidad en la ejecución de obras públicas. También se incluye a la vicegobernadora Tania Vila y a otros 17 concejales.
Rumimaki Richard Ortega, vocero del Frente del Pueblo de Ayacucho, confirmó en diálogo con La República, la adquisición del kit electoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el cual pueden iniciar el proceso de recolección de firmas para la revocatoria.
Según Ortega, ya se realizó el pago correspondiente de S/ 85.70 en el Banco de la Nación por el concepto de Kit Presencial, que será entregado el próximo lunes 3 de junio en la ONPE de Huamanga.
“Ya tenemos todo listo para presentar el formulario en la ONPE, el día lunes a primera hora. Nos acompañará una comitiva con diferentes colectivos ciudadanos. También, iremos acompañados por dirigentes y exdirigentes”. Según los promotores, las razones detrás de esta iniciativa de revocatoria incluyen el incumplimiento de planes de gobierno, promesas electorales no cumplidas, mala gestión, desinterés y negligencia de las autoridades.
El Frente del Pueblo de Ayacucho está compuesto por organizaciones campesinas, colectivos, comerciantes, ambulantes y comunidades campesinas. Ortega destacó que la financiación del proceso de revocatoria se ha llevado a cabo mediante la colaboración voluntaria de los ciudadanos, quienes han donado pequeñas cantidades de dinero, sumando un total de S/470.

El próximo lunes, además de la entrega del formato a la ONPE, se planifica una concentración para la compra de materiales necesarios para la recolección de firmas. También se busca la participación de otros movimientos, como la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), compuesta por aproximadamente 3,000 estudiantes.
El proceso de revocatoria requiere varios pasos legales y logísticos, comenzando con la adquisición del kit electoral. Este incluye la documentación necesaria para la recolección de firmas que respalden la solicitud de un referéndum para destituir al gobernador. Los organizadores deberán reunir al menos 130,000 firmas de ciudadanos registrados, lo cual representa una muestra significativa del electorado en Ayacucho.
Revocatoria por caso Rolex y Obrainsa
También el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), en abril de este año, reiteró la solicitud de iniciar un proceso de revocatoria contra el gobernador regional, Wilfredo Oscorima, debido a su involucramiento en controversias como el caso del Rolex y Obrainsa. Así lo confirmó su presidente, John Lapa Oré en entrevista con el diario Jornada.
Lapa Oré explicó que desde hace dos meses el Fredepa ha estado respondiendo a las demandas de sus bases, proponiendo una acción política ante las acciones del gobernador. Entre estas acciones, además de movilizaciones, se incluye la creación de una comisión para iniciar el proceso de revocatoria.

Durante el paro de 48 horas en Vilcashuamán, las 32 comunidades de la provincia rechazaron las afirmaciones de Oscorima sobre la contribución de Alberto Fujimori a la paz en Perú durante el Conflicto Armado Interno. Los comités de autodefensa manifestaron que nunca recibieron apoyo moral de Fujimori y destacaron que fueron ellos quienes restauraron la democracia. “Los comités de autodefensa han declarado que nunca recibieron apoyo moral de Fujimori, sino que fueron ellos quienes restauraron la democracia”, concluyó Lapa Oré.
Historial de investigaciones del gobernador
Según un reportaje de Ojo Público, Oscorima, quien actualmente enfrenta unas doce investigaciones en la Fiscalía, ha sido señalado en casos vinculados a la corrupción, entre ellos uno relacionado con el Equipo Especial Lava Jato.

El historial judicial de Oscorima incluye una condena por negociación incompatible en la compra de maquinaria, de la cual fue absuelto en 2017 por la Corte Suprema. Oscorima, electo por tercera vez como gobernador de Ayacucho con el 46,8% de los votos, ha enfrentado conflictos legales que han interrumpido su carrera política. En el comienzo de su segundo mandato, fue encontrado culpable de una negociación irregular y estuvo prófugo durante un año antes de ser detenido.
La Contraloría General de la República identificó responsabilidades en la gestión de fondos para la construcción del hospital regional Miguel Ángel Mariscal Llerena en Ayacucho, detectando un perjuicio económico superior a S/.1′500.000. Este informe se suma a las investigaciones por cargos de negociación incompatible, apropiación indebida del cargo y colusión.
Más Noticias
Presidente José Jerí presentará este jueves 22 de enero un informe detallado sobre sus avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana
Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el mandatario se refirió a los esfuerzos que realizan desde el Ejecutivo para combatir al crimen organizado

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV del 24 y 25 de enero
Con equipos afianzándose en la tabla y otros en busca de revancha, la tercera jornada anticipa enfrentamientos intensos y momentos de alta tensión en cada set

Kazoku No Perú vs Túpac Amaru EN VIVO: duelo por la fecha 2 del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026
Las ‘samuráis’ buscarán su segundo triunfo para mantenerse como líderes de la lucha por la permanencia y ascenso. Sigue las incidencias del vibrante choque

José Jerí acepta levantar secreto de sus comunicaciones, aunque advierte que expone “información de inteligencia y secretos”
El presidente interino afirmó que autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones si la Fiscalía lo solicita, con resguardo de información sensible sobre seguridad nacional

José Jerí se presentó en el Congreso y negó actos irregulares en encuentros privados con empresario chino: todos los detalles
El jefe de Estado compareció en la Comisión de Fiscalización por sus vínculos con Zhihua Yang, con quien se reunió fuera de Palacio en —al menos— dos ocasiones, y Ji Wu Xiaodong, investigado que acudió a Palacio pese a tener una orden de arresto domiciliario vigente



