El Ministerio de Economía y Finanzas reconsideró su postura inicial sobre el retiro del 95,5% de los fondos de pensiones de los afiliados al momento de jubilarse, una medida que antes había cuestionado y a través de un oficio había solicitado un candado. Esta nueva revisión se da en medio del debate de la reforma de pensiones en el Congreso, en el que se plantea mantener dicha opción de retiro, que contraviene a las propuestas anteriores que buscaban su eliminación para asegurar una renta vitalicia.
Hace menos de un año, la gestión del MEF, al mando en ese entonces de Alex Contreras, había propuesto eliminar la facultad de retirar el 95,5% del fondo de pensiones acumulado, con el fin de fortalecer el propósito pensionario de estos ahorros.
Sin embargo, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), cerca del 99% de los afiliados optan por esta modalidad de retiro, lo que evidencia una mayor preferencia de los próximos jubilados frente a la alternativa de una renta vitalicia, es decir que las AFP le paguen mes a mes durante toda su vejez.
En la última sesión de la Comisión de Economía del Congreso, el titular del MEF, José Arista, expresó su apertura para seguir considerando el retiro del 95,5% de los aportes, lo que significa un cambio respecto a la postura inicial del Gobierno.
Además, el ministro evaluó una propuesta legislativa que vincula el consumo con la contribución pensionaria. Esta iniciativa sugiere que un porcentaje del gasto anual de los afiliados, efectuado mediante pagos electrónicos, se destine directamente a su fondo de pensiones, con un límite basado en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
MEF a favor de subsidiar pensiones pero con una condición
Sumado a esto, el debate sobre la reforma previsional incluye la propuesta de establecer una pensión mínima garantizada dentro del Sistema Privado de Pensiones. José Arista, se mostró a favor de la propuesta que plantea otorgar pensiones mínimas a los aportantes al sistema previsional peruano mediante subsidios estatales, sin embargo señaló que la iniciativa estará condicionada a que no existan más retiros de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Arista Arbildo indicó que, para la pensión mínima, y las garantías estatales para afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), no se debería incluir como beneficiarios a quienes hayan realizado retiros de sus cuentas individuales.
“Ya existe mucha legislación sobre esto, no puede beneficiarse a aquella persona que ya retiró sus ahorros de sus cuentas individuales”, apuntó.
Explicó que, de aprobarse la medida contemplada en el predictamen de reforma del sistema previsional del Parlamento, no se estaría subvencionando a quienes más pudieran necesitar una pensión.
“Si persiste esta norma, se obligaría a que el Estado subsidie a quienes ya hayan dispuesto de sus fondos, otorgándoles los mismos beneficios de quienes no hicieron retiro alguno, evidenciando un trato desigual y un aprovechamiento de esta política”, sostuvo.
Frente a esa realidad, el titular del MEF indicó que debería buscarse alguna forma de que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hagan depósitos voluntarios a fin de reponer los recursos que han sido retirados del sistema.
“El esfuerzo fiscal debe dirigirse a atender al segmento poblacional que le cuesta más construir una pensión y no a los de mayores ingresos que ya aportan regularmente al sistema para evitar que la medida sea regresiva”, acotó.
Costo de implementar reforma suma S/1.300 millones
En la referida Comisión de Economía, el titular del MEF señaló que la propuesta de la reforma del sistema previsional peruano tiene un costo fiscal que podría ascender a S/1.300 millones.
El ministro explicó que dicha cifra dependería de lo que finalmente se apruebe en cuanto a las subvenciones que deba destinar el Estado.
“El costo fiscal posiblemente llegue a S/1.300 millones, pero esto está sujeto a las medidas que tomemos en cuanto a los topes. Por ejemplo, el monto de cuántas UIT se consideren en la pensión derivada del consumo”, dijo Arista durante la sesión del grupo de trabajo parlamentario.
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