Tras el nuevo ataque contra las instalaciones de la minera Poderosa, en la provincia de Pataz, región La Libertad, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz Colchado, condenó el acto, calificándolo de “terrorista” y señaló que la escalada de violencia tiene su origen en el auge del precio del oro y una ineficaz formalización de la minería.
En diálogo con RPP, Gobitz argumentó que el desplazamiento de responsabilidades al Gobierno regional de La Libertad y el mal manejo de los explosivos son factores críticos detrás de estos actos ilícitos en la provincia liberteña. Lugar donde, hasta la fecha, los numerosos actos de violencia relacionados con la minería ilegal en la zona han resultado en la caída de 15 torres de alta tensión y la pérdida de 17 vidas humanas.
Presidente del SNMPE llama al Gobierno a tomar acciones inmediatas
Sin embargo, según Gobitz, la compleja situación en La Libertad refleja problemas más profundos dentro del sector minero del país, incluida la necesidad de una mejor trazabilidad de los explosivos, entre otros factores.
En ese sentido, desde la Sociedad de Minería, insta a un compromiso más firme de todos los actores involucrados, incluyendo empresas privadas y autoridades, para atajar con efectividad la minería ilegal y los delitos asociados.
Además, criticó que el llamado es a una acción inmediata que vaya más allá de declaraciones de emergencia, incluyendo operativos de inteligencia que identifiquen y corten las cadenas de suministro ilegales que sostienen esta actividad.
Sierra de La Libertad es un corredor minero de actividades ilícitas, advierten
A través del Radioprogramas, también se pronunció Greco Quiroz, expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de la Libertad, quien afirmó que la minería ilegal se extiende rápidamente en La Libertad, desplazándose desde Pataz hacia la provincia de Sánchez Carrión. Según el especialista, esta situación convertiría toda la sierra de la región en un corredor minero plagado de actividades ilícitas.
Asimismo, indicó, la falta de puestos de control policial y fiscalización por parte de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) facilitan la expansión de estas actividades que, además, financian al crimen organizado.
Por su lado, Rubén Vargas, exviceministro del Interior, reforzó estas declaraciones señalando la inacción de las autoridades competentes y la influencia del narcotráfico en la explotación de los insumos químicos, especialmente el mercurio, que ha visto un alarmante incremento en su precio en el mercado ilegal.
En esa línea, ambos expertos coinciden en la necesidad de un enfoque integral más estricto y coordinado para enfrentar esta realidad, que no solo afecta la economía formal sino también el medio ambiente y la seguridad de la región.
Ordenanza para combatir minería ilegal en Pataz parece ser ignorada, aseguran
Por otro lado, Greco Quiroz recordó que durante su labor como presidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de la Libertad, frente a los desafíos de la minería ilegal y sus vínculos con el crimen organizado, se dispuso una ordenanza que exige la intervención de cada vehículo que transporta material minero; sin embargo esta parece ser ignorada.
“Por eso invoco para que el gobierno central declare en emergencia toda la zona minera de La Libertad, no se puede declarar en emergencia solo Pataz, porque hay una conexión entre la minería ilegal y el crimen organizado”, agregó.
¿Qué soluciones proponen para combatir la minería ilegal?
Como indicaron los especialistas, esta economía ilegal no solo pone en riesgo los ecosistemas y la salud pública por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, sino que también subraya la importancia de establecer un sistema de trazabilidad del oro que asegure la legalidad de su procedencia.
Esta medida, junto con la reactivación de controles más estrictos sobre los insumos químicos y un seguimiento más riguroso de las operaciones mineras, podrían marcar un antes y un después en la lucha contra la minería ilegal en el país.
No obstante, tanto Gobitz, Quiroz y Vargas, subrayaron que la situación requiere de una acción conjunta y decidida de todas las entidades involucradas, así como de una visibilidad y concienciación mayor por parte de la sociedad y los medios de comunicación, para generar las presiones y el respaldo necesario a las acciones que contribuyan a erradicar esta problemática.
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