La Defensoría del Pueblo y Consejo de la Prensa Peruana expresaron este jueves una condena conjunta ante el allanamiento realizado en la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur, al considerar que se trata de un atentado del Ministerio Público que “criminaliza la relación del periodismo con sus fuentes” y pretende “obligar a los periodistas a entregar información reservada para usos propios de su profesión”.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) intervino la casa del director del portal Sudaca como parte del operativo Valkiria XI, relacionado con la investigación en la que se encuentra incursa la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una presunta red de tráfico de influencias.
“Debe recordarse que el periodismo hace posible que la actuación de los poderes públicos sea objeto de un mayor escrutinio, permitiendo así que la ciudadanía sea informada sobre hechos de especial interés general y se promueva un mayor control de la gestión pública. Por esta razón, se exige proteger la labor de todo hombre y mujer de prensa”, se lee en comunicado de Defensoría.
“El derecho a guardar el secreto profesional supone una obligación para el profesional de mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento. Este derecho incluye a los periodistas, garantizando su libertad de información y expresión”, siguió.
Por su parte, el Consejo de la Prensa resaltó que “equiparar a un periodista que accede a fuentes con un criminal es inaceptable” al recordar que uno de los argumentos fiscales para allanar la vivienda de Tafur fue un reportaje difundido en su medio presuntamente “para desprestigiar a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop [...] como si publicar un artículo basado en hechos fuera un crimen”.
“Ningún funcionario público es intocable; todos, con la debida diligencia periodística, pueden ser sujeto de fiscalización por parte de la prensa. Artículos críticos sobre un fiscal, relacionamiento con fuentes investigadas o dichos no corroborados no deben motivar allanamientos, incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones”, apuntó la misiva.
Barreto, sin embargo, manifestó “su total respeto a libertad de prensa” y negó “categóricamente que las investigaciones sean producto de venganzas en perjuicio de los investigados, a quienes les asiste el derecho de la presunción de inocencia y la garantía de un debido proceso”.
Benavides es investigada por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias en la cúpula del Ministerio Público y, esta semana, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos demandó ante un juzgado supremo su impedimento de salida del país por 36 meses.
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