Estado de emergencia en Arequipa: PNP realizará operativos en los puntos críticos de la ciudad

El Gobierno decretó un estado de emergencia en la provincia de Arequipa, con un periodo de vigencia de 20 días, para combatir el aumento de violencia y criminalidad en la región. Durante una reciente visita a la ciudad, el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, anunció el compromiso del Estado de incrementar la presencia policial y fortalecer las operaciones contra el crimen en apoyo a la seguridad ciudadana. Esta medida surge como respuesta a las preocupaciones expresadas por el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y varios alcaldes distritales sobre la seguridad en sus localidades.

El estado de emergencia permite la restricción o suspensión de ciertos derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales en la provincia afectada. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, estará a cargo del control del orden interno. Esta decisión fue formalizada a través del Decreto Supremo N.º 043-2024-PCM, el cual se basa en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú que permite tales medidas en situaciones de emergencia.

Ortiz Acosta hizo hincapié en la importancia de trabajar de forma coordinada con la PNP y las autoridades locales para asegurar la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas. La iniciativa busca no solo abordar los problemas de seguridad a corto plazo mediante el refuerzo policial y militar, sino también generar un ambiente de confianza entre la ciudadanía arequipeña. La coordinación incluirá intensificar los operativos policiales para prevenir los delitos y asegurar el orden público en la provincia.

Inician operativos policiales

Al respecto, el jefe de la Región Policial Arequipa, general Colín Sim Galván, anunció que este miércoles iniciarán las acciones de control de identidad.

“Quiero precisar que el espíritu de la norma es dar tranquilidad a la población. Esto no implica inmovilización social ni toque de queda. Las actividades económicas, turísticas y comerciales se van a realizar de manera normal”, mencionó Colín Sim Galván a TV Perú Noticias.

Precisó que el accionar policial se concentrará principalmente en dos ejes: el control territorial y presencia policial para optimizar el patrullaje integrado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Dinoes. Otro eje consiste en realizar diferentes operaciones policiales (de control de identidad en puntos críticos).

Colín Sim Galván mencionó que, para reforzar las medidas de la Policía, desde Lima llegaran agentes de investigaciones y de inteligencia.

Delincuencia en Arequipa

En los últimos meses, Arequipa ha experimentado cambios en los patrones de delincuencia, reflejando tanto un aumento en ciertos tipos de crímenes como medidas más enérgicas por parte de las autoridades para controlarla. Se ha registrado un incremento en delitos de robo y asalto, especialmente en áreas comerciales y zonas periféricas de la ciudad.

En febrero se produjo un doble homicidio en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. El hijo de un exjugador de FBC Melgar y su acompañante fueron acribillados por sicarios a plena luz del día y en un sector residencial donde casi nunca se ha registrado este tipo de hechos.

El ataque fue atribuido a las organizaciones criminales extranjeras que han cimentado sus bases en Arequipa. Pero no es el único hecho de sangre. Una semana antes, se viralizó un video donde un extranjero acribillaba de varios balazos a otro, en las afueras de una barbería. El móvil fue la disputa por la toma de control de las zonas para los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’, extorsión y cobro de cupos.

Hasta el año 2022, ese registró un aumento de la criminalidad del 31% en la segunda región más importante de Perú (Arequipa), de acuerdo con cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante ese periodo, se presentaron 33,930 denuncias, incluyendo 336 por robo agravado a mano armada, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.