El Gobierno de Dina Boluarte observó el proyecto de ley que, según denunciaron diferentes organizaciones y especialistas, podría debilitar el esfuerzo contra la trata de personas en el país, ya que propone la limitación en la rendición de cuentas de altos funcionarios ante el Congreso de la República.
El criticado PL establecía que los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no acudirían al Pleno para informar sobre este tema, sino que solamente se presentarían ante dos comisiones del Parlamento.
Proyecto vuelve a comisiones del Congreso
Esta decisión se produjo después de que se alertara sobre los potenciales retrocesos en la lucha contra este crimen debido a las modificaciones propuestas a la Ley 29918.
Así lo dio a conocer la organización especializada en la protección de los derechos humanos CHS Alternativo, quien informó que el proyecto ha sido remitido de nuevo a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia, en las que se espera que se realice una revisión integral para asegurar un marco más robusto en las iniciativas para erradicar este delito.
Ejecutivo plantea observaciones técnicas
El proyecto original proponía que el primer ministro y los ministros de Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informaran únicamente ante dos comisiones parlamentarias —Justicia y Derechos Humanos, y Mujer y Familia—, en lugar del Pleno del Congreso, una medida que, según los críticos, reduciría la visibilidad y el escrutinio del progreso en esta área crucial.
En el 2023, se han registrado 3.179 víctimas de trata de personas y otros delitos relacionados, mientras que las fuerzas del orden han desmantelado 58 bandas criminales involucradas en estas actividades, situación que permitió rescatar a 85 menores de edad hasta octubre, lo que resalta la magnitud y la persistencia de este problema en Perú.
La observación del Ejecutivo sobre el proyecto de ley también abordó particularidades técnicas. Por un lado, cuestionó la imposición de que las autoridades deban rendir cuentas sobre la trata de personas “bajo responsabilidad”, al argumentar la necesidad de seguir los procedimientos establecidos para el control político que ejerce el Legislativo.
Por otro lado, se señaló como redundante la inclusión de informes sobre los avances de la Política Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, dado que ya existe un informe anual sobre estos esfuerzos.
Importancia de la observación del PL
A través de un comunicado, el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, ha enfatizado la importancia de esta legislación para fortalecer el combate contra la trata, un delito que involucra grandes sumas de dinero y está interconectado con otras formas de criminalidad, como la extorsión y el sicariato.
Apuntó la necesidad de una respuesta estatal integral, que refleje el establecimiento de una Política Nacional frente a la Trata de Personas, que involucra diversos sectores del Estado y organismos autónomos, puesto que el asunto debe ser de interés y responsabilidad transversal, más allá de comisiones específicas.
Por su parte, el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público ha registrado una preocupante cifra relacionada con la trata de personas al contabilizar 29 mil 400 denuncias desde el 2018 hasta abril del 2023. Con dichos datos alarmantes sobre el número de afectadas y el desmantelamiento de redes criminales, el debate en el Congreso es un paso crítico para asegurar la protección y el apoyo a las víctimas, así como para la prevención y erradicación de este flagelo.
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