Ejecutivo reconoce “execrables delitos” en Barrios Altos y La Cantuta, pero vuelve a defender indulto de Alberto Fujimori

El Gobierno de Dina Boluarte condenó este miércoles los “execrables delitos” cometidos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado 25 años en prisión en 2009, pero volvió a defender su excarcelación, pese a una orden contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Se dispuso sentencias gravosas y ejemplares contra quienes cometieron execrables delitos que, desde luego, nosotros también condenamos. Sin embargo, [...] se dio un acto de gracia en favor de un ciudadano [Fujimori], el cual no fue ejecutado en su oportunidad y [por lo] que el Tribunal Constitucional, en ejercicio de su soberanía, dispuso la ejecución de ese mandato favorable para el ciudadano”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Perú es el segundo país que la Corte IDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones e incumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del régimen de Daniel Ortega.

Fujimori fue liberado a fines del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional restituyó el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). “Se ha cumplido escrupulosamente con respetar esa decisión soberana. No estamos defendiendo un ciudadano en particular, ni estamos tomando partido por alguna ideología o posición política. Estamos defendiendo el derecho de un ciudadano”, apuntó Arana al respecto.

“Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”, dijo el titular de Justicia, durante una presentación ante la prensa en la que detalló el informe que el Estado peruano.

Arana agregó que “el Perú exige que se respete su posición” y su “soberanía jurídica, nacional e internacional”. A su turno, César Pastor, uno de los agentes peruanos ante la Corte IDH, sostuvo que los argumentos del Gobierno que preside Dina Boluarte son “de la posición del Estado, no de la defensa de Fujimori”.

Sobre la posibilidad de un adelanto de elecciones dijo: “No se justifica. El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. También se dejó ver por primera vez sin cánula nasal ni balón de oxígeno durante un almuerzo privado en el que departió con sus allegados en una residencia de La Planicie, la urbanización exclusiva de La Molina, según una imagen difundida por La Encerrona.