
El último lunes 8 de abril se ha reportado la muerte de Marilia, una de las sobrevivientes del Caso Manta que denunció por violencia sexual durante el conflicto armado interno a 13 militares peruanos, proceso que actualmente se encuentra en la etapa final del juicio oral.
El caso en cuestión tuvo lugar en distrito de Manta, en Huancavelica, donde una base militar fue escenario de numerosos actos de abuso sexual contra la población femenina, especialmente menores de edad.
Marilia falleció a la espera de justicia

Ella, junto a otras víctimas respaldadas por sus abogados y defensores de los derechos humanos, acusó a 13 miembros de las Fuerzas Armadas, entre soldados, suboficiales y oficiales, por los delitos de lesa humanidad cometidos. Desafortunadamente, falleció sin haber visto concretada la justicia luego de sucumbir a complicaciones de salud.
La noticia fue dada a conocer por la organización feminista Demus, que se encarga de acompañar la defensa legal de tres sobrevivientes. Desde la entidad, se reconoció su valentía para poder emprender este proceso en la vía legal.
No permitirán retrasos en búsqueda de justicia

La situación de las nueve mujeres mantinas destaca la persistente lucha de las mujeres peruanas por obtener justicia frente a casos de abuso sexual y con un lamentable historial de denuncias que muchas veces acaba en impunidad. Por ello, Demus advirtió que no se tolerarán más retrasos en la sentencia ni la violación de los derechos de las sobrevivientes.
El Caso Manta, de gran trascendencia tanto en el ámbito social como jurídico, marca un hito histórico nacional al representar el tercer proceso legal en Latinoamérica que categoriza la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en tiempos de conflictos.
Irregularidades y pedidos de audiencias públicas sin respuesta

Los hechos abordados en el Caso Manta datan de una época en la que, bajo el despliegue militar en este distrito de Huancavelica, se perpetraron crímenes de lesa humanidad contra la integridad de las mujeres, entre las que destaca Marilia como una de las valientes que decidió alzar la voz contra sus agresores.
Pese a la relevancia del proceso, el juicio ha estado plaga de irregularidades. Una de ellas refiere al pedido reiterado de las víctimas, quienes indicaron desde el inicio su deseo de que las audiencias sean públicas. Sin embargo, las autoridades no han respondido a sus solicitudes.
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