Un tentativa de ley busca que egresados en espera de sus títulos sean considerados igual que los titulados en las postulaciones a las ofertas de empleo. El último 13 de marzo, el Pleno debatió el dictamen presentado por la congresista Sigrid Bazán, de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú.
El Proyecto de Ley N° 2383 no fue sometido a votación, sino que se decidió mediante una cuestión previa devolverlo a la Comisión de Trabajo. Esto se debió a la petición de varios congresistas de añadir protecciones a la iniciativa para prevenir su utilización indebida.
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¿De qué trata este proyecto de ley?
La propuesta de ley presentada al Congreso en el 2022 tiene como objetivo la modificación del artículo 1 de la Ley 26772, que se centra en las ofertas de empleo y el acceso a la formación educativa, con el fin de suprimir las barreras que impiden el acceso al empleo a los egresados que aún no han obtenido su diploma.
Esta iniciativa, dirigida a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, está diseñada no solo para favorecer a los egresados universitarios, sino también a aquellos provenientes de Institutos de Educación Superior (IES) y Escuelas de Educación Superior (EES).
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Además, la propuesta reconoce que los egresados y los ya titulados poseen las mismas capacidades, argumentando que una regulación de este tipo reduciría la inestabilidad laboral de aquellos con títulos en proceso, quienes en ocasiones se ven obligados a aceptar contratos de menor calidad y remuneración.
El documento señala que la iniciativa también contribuye a reducir el mercado ilegal de certificados de titulación, dado que no se requerirían tales documentos para aplicar a las ofertas laborales.
Es por ello que, el dictamen indica que cuando una oferta laboral, ya sea en el ámbito público o privado, solicite como requisito un grado académico, un título profesional, un título de segunda especialidad o un título de segunda especialidad profesional, aquellos candidatos que están en proceso de obtener el diploma podrán presentar su candidatura en igualdad de condiciones, incluso si dicho diploma todavía está siendo tramitado administrativamente.
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Para tal caso, el candidato puede presentar una constancia de la entidad educativa que verifique que el diploma está en trámite, la cual debe ser entregada en un plazo máximo de tres días hábiles a solicitud del interesado.
“Cuando el diploma es emitido por la universidad, IES o EES, según corresponda, el trabajador comunica a su empleador la expedición de este en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la emisión del diploma”, agrega otro artículo de la iniciativa legislativa.
Reacciones en el Pleno
En la discusión plenaria del Congreso, el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza Por el Progreso, comentó que, aunque la finalidad de la propuesta legislativa es atractiva, requiere un análisis minucioso. La misma postura tuvieron otros parlamentarios por lo que se decidió devolver el proyecto a la Comisión de Trabajo.
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“Lo que plantea es que no se requiera la obtención del título profesional y que pueda ser válido cuando aún se encuentra en trámite. Creo que hay que revisarlo con mayor detenimiento”, subrayó Salhuana.
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