La exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, ha presentado una nueva solicitud ante el Poder Judicial para llevar en libertad el proceso penal que enfrenta por su supuesta participación en el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
A través de su defensa legal, la expremier solicitó variar el mandato de prisión preventiva por el delito de rebelión y, alternativamente, conspiración. De igual modo, presentó nuevos elementos de convicción que, de acuerdo con el documento difundido este domingo por RPP, desvirtúan los motivos por los que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó la medida cautelar en junio del 2023.
A inicios del 2024, el Poder Judicial declaró improcedente un pedido similar tras determinar que no ha transcurrido el plazo que establece el Decreto Legislativo 1585 para que se evalúe en audiencia si subsisten los elementos de convicción que ameritaron la imposición de la prisión preventiva.
El referido decreto, promulgado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, modificó el Código Procesal Penal para establecer que el juez que dictó prisión preventiva debe revisar de oficio dicha medida coercitiva transcurrido seis meses desde que el investigado ingresó a un centro penitenciario o desde la última audiencia en la que se hubiera discutido su cesación.
Checkley mencionó entonces que la medida cautelar fue impuesta el 20 de junio de 2023 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y que se evaluó el pedido de la defensa de la expremier de cese el 25 de agosto del mismo año. Entre las evidencias mostradas por la Fiscalía contra Chávez, está el mensaje que envió a los integrantes del Consejo de Ministros para que acudan de forma urgente, el día del autogolpe, a la Presidencia del Consejo de Ministros porque se trataba de un “día histórico”.
En el despacho presidencial se encontraban Castillo, Chávez y el asesor presidencial Aníbal Torres, en el momento en que el exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo por rebelión y conspiración, leyó el anuncio del golpe de Estado. De acuerdo con la denuncia fiscal, los citados se aprovecharon de su cargo para ordenar que estas se alzaran contra el orden constitucional, lo cual no se ejecutó.
Sin embargo, la defensa reiteró que Chávez “no tenía conocimiento del contenido del mensaje a la nación” de Castillo, que el anuncio de un autogolpe “fue su decisión y de nadie más” en referencia al exmandatario, y que “no existió un acuerdo para subvertir el orden constitucional”.
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