Indecopi investiga a la Municipalidad de Miraflores por restringir actividades de volanteo, influencers y heladeros

El Indecopi abrió una investigación de oficio contra la Municipalidad de Miraflores debido a posibles prácticas que restringen el comercio a heladeros, creadores de contenido y repartidores de volantes, lo cual podría constituir una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad.

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) de la entidad tomó acción tras tomar conocimiento, a través de reportajes en medios de comunicación, sobre las restricciones aplicadas por el municipio.

Según se detalla, a los heladeros de comercio ambulatorio se les exige obtener autorizaciones municipales para operar, mientras que a los creadores de contenido se les solicita permisos para filmar en espacios públicos, y se ha llegado a prohibir la distribución de volantes en la misma vía. En respuesta, la Secretaría Técnica de la CEB ha solicitado detalles a la comuna liderada por el alcalde Carlos Canales para evaluar la base legal y la razonabilidad detrás de estas medidas.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley n.°27972) y Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley n.°27444), las autoridades locales están obligadas a la regulación y fiscalización dentro de su jurisdicción pero siempre respetando el marco legal y el principio de simplificación administrativa.

Este incidente surge en un contexto en el que se busca promover la competencia leal y evitar cualquier obstáculo no justificado que afecte a la economía local o al tratamiento de procedimientos administrativos por parte de los ciudadanos.

La investigación de Indecopi se alinea con su objetivo de asegurar un ambiente de comercio justo, velando por que todas las entidades públicas operen dentro de los límites legales y con motivaciones fundadas. Esta situación subraya la importancia de la transparencia y la necesidad de revisar constantemente las políticas públicas para fomentar un entorno económico competitivo y accesible para todos los actores del mercado.

Caso Henry Spencer y Milena Warthon

Uno de los casos frecuentes es el de Luis Carlos Burneo, conocido youtuber de ‘La habitación de Henry Spencer’, quien en más de una oportunidad mientras realizaba entrevistas en las calles de Miraflores, suele ser intervenido por el personal de seguridad del municipio.

Otro video similar se registró cuando en el Parque Kennedy del mismo distrito, la cantante Milena Warthon fue prohibida de la actividad de volanteo en la vía pública donde promocionaba sus futuros conciertos.

¿Qué es una barrera burocrática?

El Indecopi ha definido como barrera burocrática cualquier tipo de exigencia, limitación, cobro o prohibición que una entidad establezca para condicionar o complicar la participación de agentes económicos en el mercado o afectar a la ciudadanía en sus trámites administrativos. Estas barreras van en contra de los principios de simplificación administrativa que buscan garantizar un acceso más ágil y transparente a los servicios y mercados.

Este concepto abarca una amplia gama de prácticas que pueden ir desde requisitos excesivos para la entrada de nuevos competidores en un sector, hasta tarifas arbitrarias que se imponen para la realización de procedimientos estandarizados.

La presencia de estas barreras no solamente obstaculiza el crecimiento económico al limitar la competencia, sino que además incrementa los costos y complica la vida de la ciudadanía, quien debe navegar a través de un laberinto de trámites innecesarios y muchas veces desproporcionados.

Cuando la CEB detecta una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad que haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial, una ordenanza municipal o una norma regional de carácter general, se pronunciará mediante una resolución, disponiendo su inaplicación en el caso concreto.

En caso de incumplimiento de lo resuelto por la Comisión, ésta podrá imponer las sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la denuncia penal correspondiente. Dichas sanciones y multas pueden ir desde la amonestación hasta la imposición de una multa ascendente a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).