Sano juicio

Cuando diseñamos políticas públicas, normas o leyes de impacto en la población, debemos ser muy conscientes de qué se hizo en el pasado, qué funcionó y qué no, para así posicionarnos en el presente y hacer políticas modernas, apuntando hacia lo que queremos conseguir en el futuro con estas. Negarse a los pésimos resultados de políticas de antaño, no solo es caer en la necedad de ideas, sino también es jugar con los anhelos y necesidades de la población.

El pasado miércoles 14 de febrero, fuimos invitados por el Congreso de la República, a participar de una Mesa de Trabajo respecto a los Proyectos de Ley 5799/2023-CR, 5978/2023-CR y 6134/2023-CR, referidos a la intención de declarar de interés nacional la exploración, explotación, industrialización y comercialización de litio, lo que derivaría en la creación de la Empresa Pública Nacional de Yacimientos Peruanos de Litio, Uranio y otros minerales; declarar de interés nacional la instalación de una planta de energía nuclear de uranio; y declarar de interés nacional la nacionalización del uranio y crear la Empresa Nacional del Uranio-Perú.

Es decir, la última aventura en la que nos quieren embarcar los “Padres de la Patria” sería apostar por empresas estatales como una alternativa para asegurar beneficios a la ciudadanía, aprovechando directa e indirectamente recursos minerales como el litio y el uranio. Esto, más allá de violar la Constitución Política del Perú, que establece el Rol Subsidiario del Estado, devela un total desentendimiento con la realidad, con la historia; además de un juicio poco o nada sano que atentaría contra el bienestar de todos los peruanos, puesto que se destinarían cuantiosos recursos para crear empresas estatales, en lugar de optimizar tales recursos en el cierre de brechas sociales.

¿Quién en su sano juicio podría considerar que el Estado peruano es un buen empresario? Existe basta evidencia del fracaso que ha sido el Estado en sus aventuras empresariales. Pérdidas monetarias, corrupción, copamiento de cargos públicos e ineficiente provisión de bienes y servicios, son algunas de las características del Estado Empresario, sin considerar que el costo de mantenerlo y compensar sus pérdidas sale del bolsillo de todos los contribuyentes.

Recordemos lo tedioso que le resultó a nuestros padres y abuelos conseguir una línea telefónica en casa. Terminaban esperando años por una línea de pésima calidad. Entre 1982 y 1992, Entel Perú perdió más de US$ 40 millones. En el sector hidrocarburos, entre 1986 y 1992, se perdieron US$ 3,912 millones producto de la mala gestión estatal. Y ni qué decir de Petroperú, que además de registrar resultados negativos, pierde participación en el mercado interno de combustible. En 2018 tenía un 50%, en 2022 solo un 31%.

Por más que pequemos de odiosos o reiterativos, le debe quedar claro a todos los peruanos, que cuando a una empresa estatal no le va bien, se tienen que tomar recursos de la caja fiscal, que es dinero que pagamos todos los ciudadanos, para continuar con la aventura fallida llamada Estado Empresario; mientras que, en el caso de la empresa privada, es esta la que asume el riesgo.

Con lo anterior en mente, resulta anecdótico que en el Congreso se presenten iniciativas para crear empresas estatales, peor aún en sectores estratégicos y que demandan un nivel de capacidades e inversión que escapan a los recursos del Estado. Con una tasa de pobreza multidimensional del 35.8%, donde 3 de cada 10 peruanos adolece de al menos un servicio básico, resulta absurdo que algunos congresistas promuevan la idea del Estado Empresario en lugar de trabajar por presentar propuestas legislativas que le mejoren la calidad de vida a la población.