En el Perú, las actividades relacionadas con la minería ilegal están ganando cada vez más terreno en la región andina y en la Amazonía peruana.
En el marco del avance de esta economía ilegal, resalta dos áreas específicas a nivel nacional: Pataz (La Libertad), donde se concentra principalmente la extracción ilegal de oro, y la Amazonía, cuya superficie atraviesa una explotación intensiva por parte de operaciones mineras no autorizadas.
Ambas actividades incluyen la deforestación y contaminación de ríos y suelos, y a pesar de que ambos puntos presentan características distintas en cuanto a los métodos de explotación y los efectos ecológicos, comparten el común denominador de la ilegalidad y las graves repercusiones ambientales y sociales.
Así lo explica un informe de El Comercio que recoge las declaraciones del sociólogo, especialista en minería ilegal y fundador de V&C Analistas, Dante Vera, quien advierte que la extracción ilegal de minerales mediante la técnica de minería aluvial genera fuerte preocupación.
Esto debido a que se realiza con maquinaria no autorizada y de alta tecnología, como la utilización de dragas y dispositivos capaces de excavar materiales bajo el agua y para luego elevarlos a la superficie.
La conexión entre la minería ilegal y la trata de personas
En la Amazonía, la situación de las economías ilegales y su relación con las organizaciones criminales transnacionales es especialmente compleja, sobre todo en Madre de Dios. Pues, en dicha región, los integrantes de aquellas bandas no solo disputan los recursos naturales, sino que también están involucradas en delitos como la trata de personas, el sicariato, la usurpación y el tráfico de armas.
Además, esta economía ilegal —que genera más dinero que el narcotráfico y la corrupción— se suman una red compleja de actividades delictivas que abarcan desde el contrabando de mercurio y oro entre Perú, Bolivia, Brasil y Chile, hasta la tala ilegal de madera.
Bajo ese contexto, la capacidad del Estado para enfrentar esta amalgama de actividades ilícitas se ve limitada por la falta de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Por tal razón, las acciones para frenar la deforestación de la Amazonía se complican y las organizaciones de mineros ilegales como las bandas criminales continúan operando con impunidad, complicando aún más la situación.
Como resultado, la Amazonía ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2020. Este alarmante dato destaca una disminución promedio anual del 8% de su ecosistema.
En particular, solo en 2020, se registró la desaparición de cerca de 200 mil 000 hectáreas, marcando la tasa de deforestación más elevada de los últimos tiempos en la historia del Perú.
Escalada de violencia de armada en Tambo y Cenepa
De acuerdo a Rubén Vargas, especialista en seguridad, la minería ilegal en la zona de El Tambo, distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, continúa su avance sin impedimentos, con la extracción y transporte de oro sin las debidas regulaciones.
No obstante, Vargas explica que la preocupación radica más en el distrito de Cenepa, conocido por su posición estratégica en la frontera con Ecuador y su acceso complicado tanto por tierra como por río, dos factores que contribuyen a la falta de control en la zona.
En este punto del territorio nacional, los vehículos pesados trasladan el oro obtenido mediante prácticas ilegales sin enfrentar mayores obstáculos, puesto que el acceso es particularmente más sencillo desde el lado ecuatoriano hacia las partes altas de la Cordillera del Cóndor.
Mientras que en el lado peruano, en El Tambo exactamente el foco de atención se centra en la infiltración de mineros ilegales ecuatorianos que llegan para realizar excavaciones y extraer oro, el cual es posteriormente procesado en La Herradura, territorio ecuatoriano.
Esto ha llevado a una posible escalada de violencia armada en la lucha por dominar estas actividades ilegales, pues, el control de los recursos y los métodos de extracción, como las dragas, se han convertido en puntos de conflicto entre las diversas facciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
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