El juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió que la jueza Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, continúe enfrentando el proceso penal en el que está implicada junto a otros magistrados, acusados de una presunta negociación para liberar a investigados por narcotráfico a cambio de dinero.
El magistrado declaró infundado el pedido del entonces fiscal supremo provisional, Uriel Terán, de sobreseimiento en el caso de la jueza Benavides. En ese sentido, respondió a favor de los argumentos de la Procuraduría Anticorrupción y ordenó el inicio de una investigación suplementaria por cinco meses respecto a este caso.
Como se sabe, el fallo que emitió este juez el 27 de diciembre de 2023, permitió la incorporación en este proceso de la Procuraduría Anticorrupción, como parte civil. Así se concretó, luego de que nadie se opusiera a esta medida.
Durante el periodo de cinco meses, el juez Juan Carlos Checkley también concluyó que se lleve a cabo el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Emma Benavides y otros cuatro investigados. Este proceso deberá ser solicitado formalmente por la Fiscalía a su despacho. Además, se realizará una pericia contable y financiera como parte de esta medida y se recabará la declaración de cuatro testigos vinculados al caso.
Entre las diligencias que podrían abordar esta investigación adicional se encuentran la realización de un examen del patrimonio de los jueces, la obtención de declaraciones de los narcotraficantes procesados y la presunta existencia de intermediarios entre los jueces señalados y los investigados.
La Procuraduría también ha solicitado las declaraciones de los jueces colombianos Roberto Gómez Herrera y José Ruiz Martínez, así como del juez peruano Manuel López Quispe. Estos jueces habrían pagado a los presuntos intermediarios de los magistrados peruanos, Walter Mendoza y Ana Vásquez Aliaga, y la única cuestión por corroborar, tras la revisión de posibles elementos de convicción, es si dicho dinero “ingresó o no al patrimonio” de los jueces.
El juez Juan Carlos Checkley además ha instado al Ministerio Público a agotar todos los medios legales disponibles para llevar a cabo las diligencias mencionadas en el plazo establecido.
Asimismo, fue la representación legal del Estado peruano el que pidió 6 millones 500 mil soles como reparación civil por los presuntos delitos cometidos por la magistrada hermana de la suspendida fiscal Patricia Benavides. El monto se reparte conforme a los delitos que se le imputan a Enma Benavides, que son asociación ilícita para delinquir (2′500 000 soles), cohecho pasivo específico (2′500 000 soles) y cohecho activo específico (1′500 000 soles).
La decisión del juez Checkley se dio a conocer el viernes 26 de enero, el mismo día en que la Junta Nacional de Justicia aperturó un nuevo proceso disciplinario contra Patricia Benavides, su hermana Enma Benavides, y la fiscal Azucena Solari. Este expediente disciplinario surge a raíz del seguimiento de una serie de cambios dentro del Ministerio Público, donde Patricia Benavides es señalada por realizar modificaciones en la estructura del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, presuntamente con la intención de influir en las investigaciones en curso.
Uno de los casos destacados es el de la fiscal Bersabeth Revilla, quien fue reemplazada por Solari y acusó a la exfiscal de destituirla por motivaciones impropias relacionadas con la gestión de ciertos casos judiciales. Esto ha llevado al Poder Judicial a evaluar la reanudación de procesos anteriormente sobreseídos.
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