En una acción de vigilancia en la frontera norte con Ecuador, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos individuos y se incautó de cuatro lingotes de oro. Este procedimiento se enmarca dentro de las tácticas del Ministerio del Interior (Mininter) dirigidas a afrontar la situación de crisis de Ecuador y controlar la entrada no autorizada de extranjeros.
Los hechos se produjeron el último miércoles, en las inmediaciones de la carretera Sullana – Puente Internacional, en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, región Piura, cuando el peruano Jaime Guerrero Quito (39) y Edwin Romero Loayza (32), de nacionalidad ecuatoriana, intentaban salir del país a bordo de una camioneta blanca.
De acuerdo a la información otorgada por el Ministerio del Interior, el personal del Destacamento Desconcentrado de la Policía de Carreteras Las Lomas notó una actitud sospechosa en los ocupantes del vehículo por lo que se procedió con la intervención.
Durante el registro vehicular, los agentes hallaron cuatro lingotes de oro envueltos en una sábana y ocultados en un compartimiento ubicado en la parte posterior del asiento del conductor. Las piezas sólidas tienen un peso total de 11.935 kilos y un valor estimado que supera los S/2.3 millones.
Los intervenidos no pudieron demostrar la legalidad del metal por lo que fueron aprehendidos. Además de los lingotes de oro que fueron confiscados, las autoridades también incautaron tres teléfonos celulares y el auto donde los sujetos se desplazaban.
Los aprehendidos han sido trasladados a la Comisaría PNP Suyo para las investigaciones pertinentes por el presunto delito de lavado de activos.
Medidas de control en la frontera
En la frontera entre Perú y Ecuador existen al menos 29 pasos clandestinos usados por las organizaciones criminales dedicadas a la venta ilegal de armas de fuego, metales preciosos como el oro, tráfico de drogas, tráfico de personas, además de los ingresos y salidas irregulares de extranjeros.
Luego de conocerse que bandas criminales ecuatorianas tenían en su poder armamento precendete de Perú, el titular del Ministerio de Defensa del Perú, Jorge Chávez, resaltó que el país fortaleció los controles frente al reciente aumento de violencia en Ecuador, país con el que mantiene un esfuerzo colaborativo en materia de vigilancia fronteriza.
Durante una exposición delante de la Comisión de Defensa del Congreso peruano, aseguró que las autoridades militares ecuatorianas han mencionado que carecen de pruebas de que delincuentes de su país tengan acceso a material bélico procedente de las Fuerzas Armadas de Perú, refutando algunos reportes informales.
El domingo pasado, en una cita de la Comunidad Andina en Lima, Chávez dialogó con su par ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, quien le confirmó que no hay indicios de equipos militares o explosivos de origen peruano en Ecuador.
Con relación a ciertas alegaciones de que se habían descubierto granadas de guerra de fabricación peruana en territorio ecuatoriano, el ministro afirmó que las Fuerzas Armadas de Perú no poseen ese arsenal y que la Fábrica de Armas y Municiones de su país actualmente no produce dicho armamento o explosivos, únicamente munición de calibre pequeño.
Previamente, ya había manifestado que no había demostraciones de que bandas criminales ecuatorianas tuviesen acceso a armas de las Fuerzas Armadas peruanas. Sin embargo, confirmó la detección de dinamita de manufactura peruana en Ecuador, apuntando que este material no es parte del equipamiento militar, sino de uso civil, sobre todo en la industria minera.
Chávez reiteró que el Ministerio de Defensa está comprometido con la comisión binacional de frontera y destacó las operaciones conjuntas realizadas el año pasado con Ecuador. Puso énfasis en las intervenciones en tres zonas estratégicas: el espacio marítimo compartido, la región costera de Tumbes y el área amazónica afectada por la minería ilegal.
El gobierno peruano, con el fin de incrementar la seguridad y el orden en sus fronteras con Ecuador, instauró el estado de emergencia por 60 días en cinco regiones limítrofes desde el 10 de enero. Esta disposición confiere a la Policía Nacional el mando del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y limita derechos constitucionales como la inviolabilidad del hogar y la libertad de movimiento y reunión.
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