
La Comisión Permanente, liderada por Alejandro Soto (Alianza por el Progreso), acordó por unanimidad el plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente el informe relacionado con la denuncia interpuesta por la exfiscal Patricia Benavides contra los legisladores de Acción Popular sindicados como ‘Los Niños’.
Como es de conocimiento público, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza son acusados de negociar distintas votaciones al interior del Parlamento en favor de la presunta organización criminal liderada por el expresidente vacado Pedro Castillo.
Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se otorgó los 15 días estipulados en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, referido al procedimiento de acusación constitucional.
“(…) El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales (…)”, señala el Reglamento del Congreso.

En ese sentido, el grupo de trabajo presidido por Lady Camones (Alianza para el Progreso) tendrá que indagar si los acusados serían autores de la comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
Aunque también fueron acusados por la suspendida representante del Ministerio Público por el delito de organización criminal, este extremo fue calificado como improcedente “quedando a salvo el derecho de la denunciante de interponer una nueva denuncia en ese extremo de acuerdo a lo desarrollado en el presente informe”.
De acuerdo al informe realizado por la subcomisión de acusaciones, se le calificó como improcedente por chocar con el inciso m del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Dicho punto menciona que “las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario son rechazadas de plano”.

Como se recuerda, la acusación había sido presentada por la entonces titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, el 16 de mayo del 2023 y recién fue declarada procedente por la mencionada subcomisión en diciembre pasado.
Anterior denuncia archivada
Aunque recién se ha brindado el plazo para la investigación, el futuro de la denuncia es desalentador. Ello, ya que anteriormente se les acusó por el mismo delito y fue en el Pleno del Congreso donde se les blindó.
El informe que recomendaba darle causa penal a los parlamentarios de Acción Popular (AP) debía recibir 52 votos, pero no se alcanzó la cifra y fue archivado.
El informe contra Raúl Doroteo Carbajo recibió apenas 37 votos a favor, 44 votos en contra y cuatro abstenciones. Una situación parecida se dio con los demás: Darwin Espinoza recibió 37 a favor, 43 en contra y 5 abstenciones; Jorge Flores Ancachi 38 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, y Elvis Vergara Mendoza se salvó con 39 a favor, 42 en contra y 5 abstenciones.

La entonces denuncia presentada refería que los cuatro parlamentarios habrían sido captados por Auner Vásquez, exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia de la República, para comprometerse a actuar a favor del exmandatario, a cambio de obtener beneficios en el Poder Ejecutivo.
Incluso, de acuerdo al informe fiscal, el pasado 14 de septiembre, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza, Illic López Ureña, Elvis Vergara Mendoza, Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Hilda Portero López, José Arriola y Wilson Soto, de Acción Popular (AP), acudieron a Palacio de Gobierno junto a ocho ciudadanos para entregarle ocho currículums a Auner Vásquez, quienes indicaron que tenían conocimiento de los puestos donde serían designados.
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