Gladys Echaíz presenta un proyecto de ley para que una nueva entidad reemplace a la JNJ

A pesar de la poca aprobación ciudadana, desde el Congreso de la República se impulsa una nueva iniciativa para tratar de capturar el sistema judicial. Ahora, la parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular) acaba de presentar un proyecto de ley para que se cree una institución que reemplace a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se trata de la Escuela Nacional de la Magistratura.

En la propuesta N.º 6816/2023 ingresada ayer a la Mesa de Partes del Legislativo, se lee que Echaíz pretende realizar una reforma constitucional de los artículos 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 182 y 183 de la Carta Magna para allanar el camino a la institución que tendría las mismas funciones de la JNJ; es decir, nombrar, ratificar, suspender y destituir a jueces y fiscales.

Según la idea de la exfiscal de la Nación, la Escuela Nacional de la Magistratura tendrá un Consejo Directivo, cuyos integrantes serán un juez y fiscal supremo titular -en actividad o cesantes- elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente. A ellos se les unirá un exdirector de las Escuelas de Posgrado en Derecho de las universidades nacionales con más de 50 años de antigüedad.

“Los miembros del Consejo Directivo son elegidos por 5 años, no son reelegibles y ejercen el cargo a dedicación exclusiva. En la misma oportunidad se elegirá a los miembros suplentes. El Consejo Directivo elige a su presidente ejecutivo por un periodo de dos años, prorrogable por un año adicional, quien ejerce la titularidad y la conducción ejecutiva de la Escuela”, agrega.

Entre los requisitos para acceder a esta institución se encuentran que se debe ser peruano de nacimiento, mayor de 55 años de edad, ser abogado con no menos de 25 años de experiencia, tener el grado de maestro o doctor, contar con mínimo cinco años como juez o fiscal supremo, no haber sido objeto de alguna sanción por delito doloso, entre otros puntos.

“Los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo ejercen el cargo solo hasta que culmine el periodo para el que fueron elegidos”, anotan.

Los miembros de la Escuela Nacional de la Magistratura gozan de los mismos beneficios, derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los jueces supremos. Además, sus funciones son incompatibles con otra actividad pública o privada, salvo la docencia universitaria.

“Pueden ser removidos del cargo por causa grave por el Congreso de la República con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros”, señalan sobre la sanción que los integrantes del Consejo Directivo podrían recibir de parte de la representación nacional.

Entre sus prerrogativas estará de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, previo “concurso público de oposición y méritos y de un periodo de especialización e inducción”.

Por otro lado, la congresista Echaíz también busca que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sea el ente que elija y remueva por cometer falta grave a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Como se sabe, las personas que lideran estas instituciones son nombradas ratificadas por un periodo más de cuatro años por la Junta Nacional de Justicia. Actualmente, Piero Corvetto tiene a su cargo la ONPE, mientras que Carmen Velarde está al frente del Reniec.

“No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral”, se específica.

De otro lado, la congresista Gladys Echaíz agrega otros considerandos que no pueden pasar desapercibidos. Es así se pretende crear el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Administración de Justicia, cuyo titular es el presidente del Poder Judicial.

“Para garantizar la independencia funcional de jueces y fiscales de todas las instancias y con ello los principios básicos de la Administración de justicia, se elimina el proceso de Ratificación de magistrados y eleva, a nivel constitucional, la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público como entidad autónoma”, se menciona.

Finalmente, se recalca que los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.