Tras casi tres meses de detención, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional ha revocado la medida de prisión preventiva impuesta a dos comuneros kukama, quienes habrían sido vinculados injustamente con la organización criminal “Los Crudos”.
La decisión judicial ordena la inmediata liberación de Jimmy Jhonatan Panduro Saurino y Jiner Roy Panduro Castillo, poniendo fin a la medida cautelar que fue considerada arbitraria y abusiva por sus familiares, defensores y organizaciones indígenas.
Entre ellas está la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), que representa a 63 comunidades de los ríos Marañón, Chambira y Ucayali, quienes han denunciado la violación de múltiples derechos y alertado sobre la creación de un precedente que podría resultar en la criminalización de los pueblos indígenas en el país.
¿De qué iba el caso “Los Crudos”?
De acuerdo a la Fiscalía de Crimen Organizado, la agrupación ‘Los Crudos’ es una organización criminal involucrada en la manipulación de contratos del Estado y daños a la Amazonía peruana.
Según las investigaciones, el grupo supuestamente integrado por tres líderes indígenas, la pareja de empresarios José Sánchez Tirado (50) y su esposa, Guadalupe García Romero (53), y un funcionario de Petroperú, estaría detrás de una serie de derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano con el fin de obtener contratos de limpieza valorados en un total aproximado de S/12 millones de soles.
El año pasado, Hildebrandt en sus trece reveló que dicho esquema delictivo se habría ejecutado a través de 11 derrames de petróleo reportados desde enero de 2022 hasta abril de 2023, detallando que cada uno supuso un contrato de limpieza de aproximadamente un millón de soles.
¿Cómo operaban “Los Crudos?”
En concreto, la Fiscalía acusa a Sánchez y García de haber coordinado con los líderes de las comunidades nativas para influir sobre Petroperú, con el fin de favorecer la contratación de las empresas Otorongos SAC, Huvihu SAC, Roluz EIRL y Cinval Solutions EIRL.
Estas compañías estarían vinculadas a la pareja mencionada, identificada por las autoridades como cabezas de la organización delictiva denominada ‘Los Crudos’.
En tanto, los comuneros habrían ejercido presión para que la empresa estatal realice reparaciones en una tubería clave y redireccione ciertos contratos hacia empresas específicas.
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías de Crimen Organizado, declaró a H13 que estas prácticas estaban “concertadas” y que los involucrados recibían pagos de hasta S/10 mil soles por su papel en dicha trama.
Fiscalía sin pruebas ni fundamentos, asevera defensa de comuneros
No obstante, el equipo legal de los miembros de la comunidad indígena —integrado por el abogado Dorian Choque— han resaltado la infracción al derecho de presunción de inocencia relacionado con el Oleoducto Norperuano por parte de la Fiscalía.
Pues, la defensa alega que se han violado los derechos fundamentales de los involucrados en el caso que aún no han sido hallados culpables por el proceso judicial y, por otro lado, han formulado acusaciones sin sustento probatorio suficiente, señalando a Panduro Saurino y Panduro Castillo de cometer delitos en dicha infraestructura petrolera.
Al respecto, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) y la defensa legal de la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt) han anunciado que mantendrán una postura de vigilancia para asegurar que se respete el debido proceso, así como se garantice la protección de los derechos humanos en contextos que afectan a los pueblos indígenas.
En esa línea, también han mostrado su respaldo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnnddhh), y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap).
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