
A pesar de la escasa popularidad ante la opinión pública, desde el Congreso de la República se pretende seguir vulnerado la separación de poderes que debería existir con otras instituciones del Estado. Es así que un grupo de parlamentarios ahora buscan entrometerse en el sistema de justicia.
El promotor de la polémica iniciativa tenía que ser la bancada de Fuerza Popular. En el documento se menciona que el fujimorismo busca ejecutar una reforma exprés del sistema de justicia en tan solo 45 días. Es decir, apuntan a intervenir la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.
Los autores de la moción de orden del día son los legisladores Eduardo Castillo y Martha Moyano. Ellos ya contarían con el respaldo de otras fuerzas políticas. Así se podría desprender de las firmas que aparecen en la propuesta.
Entre ellos se puede visualizar las rúbricas de los congresistas Adriana Tudela (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular), José Jerí (Somos Perú), Roberto Sánchez (Cambio Democrático), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y María del Carmen Alva (no agrupada).

“Aprobar la conformación de una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Perú”, se lee.
El fujimorismo también propone que en la composición de este grupo de trabajo también exista la representación de los no agrupados, que serían dos legisladores, con el fin de que ninguna bancada quede excluida de la composición final.
Factor Patricia Benavides
Ahora bien, cuando se revisa la moción de Fuerza Popular se puede observar que hacen referencia a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien fue suspendida provisionalmente por seis meses por la Junta Nacional de Justicia. Al respecto, lanza una crítica contra la entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales que hay en el Perú.
“Que, asimismo, los recientes acontecimientos han evidenciado las graves falencias del sistema. La Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, nombró a la fiscal suprema Patricia Benavides, reconociendo sus calificaciones y méritos, pero luego cuestionó su idoneidad y la suspendió de forma exprés, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de las decisiones que tiene a su cargo”, menciona.

De esta forma, la agrupación naranja evidencia una vez más su posición crítica contra la JNJ por sancionar a Benavides, a pesar de que siguió con su reglamento y la exfiscal de la Nación se negó a responder cuando fue citada a una audiencia pública.
Por otro lado, el fujimorismo atacó sin mencionarlos directamente a la fiscal superior Marita Barreto y al fiscal provincial José Domingo Pérez, quienes cuestionaron directamente a Patricia Benavides por presuntamente liderar una red criminal al interior del Ministerio Público en complicidad de sus asesores Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao.
“Es de público conocimiento que fiscales de menor jerarquía critican y cuestionan la idoneidad a sus superiores, evidenciando pugnas políticas en una entidad que debería ser el guardián de la legalidad en el país”, anota.
“Es imperativo iniciar un proceso de reforma de los principales códigos de nuestro país, muchos de los cuales llevan más de 30 años en vigencia y necesitan una actualización que priorice una administración de justica ágil, transparente y menos burocrática, en beneficio especialmente de los más desfavorecidos”, finaliza.

Quisieron aprobarlo
El fujimorismo quiso sacar adelante su reforma exprés del sistema de justicia. Por ello, fue incluido en el Pleno del 15 de diciembre pasado. No estaba en la agenda y se trató de aprobar tras no recibirse a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a quienes buscaban destituir por presuntamente cometer falta grave.
Sin embargo, Fuerza Popular no obtuvo el respaldo necesario porque consiguió 45 votos a favor, 46 en contra y seis abstenciones.
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